La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) advirtió que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias podrían otorgar a la autoridad facultades para calificar contenidos como “falsos” o “descontextualizados” y aplicar eventuales sanciones, una atribución que, según esta institución, pondría en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
El organismo fijó postura ante la consulta pública que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta del 27 de julio al 21 de agosto sobre el proyecto de “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”.
La regulación alcanzará contenidos de radio y televisión, además de establecer mecanismos para que la población haga valer sus garantías frente a los concesionarios.
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A juicio de la CEM, uno de los puntos centrales radica en los límites que debe conservar el Estado frente a la información y las opiniones difundidas en medios.
“Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad”, señaló al advertir que los criterios oficiales no deben sustituir las tareas de contraste, verificación y rectificación propias del trabajo periodístico.
Otro foco de preocupación se encuentra en la independencia editorial. El proyecto permite a la autoridad revisar y validar los Códigos de Ética de los medios, además de analizar en última instancia las decisiones de los defensores de las audiencias y ordenar cambios o rectificaciones de contenidos.
“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, expuso.
De acuerdo con el documento, someter publicaciones a una calificación administrativa sobre su posible falsedad o falta de contexto, sin una delimitación precisa de esos conceptos, podría sujetar la libertad de expresión a parámetros gubernamentales.
La CEM sostuvo que esa posibilidad resulta incompatible con el sistema democrático previsto en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México.
Para incidir en la elaboración de las reglas, el Episcopado convocó a comunicadores, universidades, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y ciudadanos a presentar observaciones antes del próximo 21 de agosto. “Una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”, afirmó, al pedir también que la autoridad incorpore con transparencia las aportaciones recibidas.
Como parte de su posicionamiento, la organización reconoció disposiciones del proyecto que prohíben expresamente la censura previa, protegen a grupos vulnerables frente a manipulación o publicidad engañosa y buscan asegurar contenidos que reflejen el pluralismo existente en el país. Su objeción se concentró en las facultades administrativas para intervenir sobre la veracidad de publicaciones y decisiones editoriales.
La CEM planteó que corresponde al Estado garantizar las condiciones para una discusión pública abierta, en lugar de determinar desde la administración qué contenidos deben considerarse verdaderos. “La verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente”, sostuvo el organismo religioso.
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