Desde la Cámara de Diputados, la bancada del Partido del Trabajo (PT) llamó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a mostrar disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas, luego de las acusaciones de narcotráfico formuladas en su contra por el gobierno de Estados Unidos.
La diputada federal Lilia Aguilar consideró que la decisión de Rocha Moya de concluir su licencia temporal y reincorporarse a la gubernatura puede interpretarse como una muestra de voluntad para responder ante las autoridades por los señalamientos que enfrenta.
“Estará abierta la posibilidad de que una vez que se determinen las pruebas pueda seguir el procedimiento legal si es que así se requiere. Por lo pronto yo creo que esto muestra la voluntad del gobernador de estar a disposición de la ley y nosotros también dentro del movimiento hacemos una petición de que así sea”, afirmó.
Visita Enrique Inzunza a Rocha Moya en el Palacio de Gobierno de Sinaloa
La legisladora sostuvo que, si durante las investigaciones se reúnen elementos suficientes para determinar alguna responsabilidad, Rocha Moya deberá someterse al procedimiento correspondiente.
Aguilar consideró que el regreso del mandatario a sus funciones podría estar relacionado con el hecho de que, hasta el momento, no se habrían presentado pruebas suficientes para sustentar una solicitud de extradición.
“La decisión del gobernador de regresar a funciones tiene que ver con que no se han proporcionado pruebas como se le ha solicitado al gobierno de Estados Unidos para solicitar su extradición”, explicó.
De acuerdo con la diputada, los mecanismos de cooperación entre ambos países establecen requisitos para sustentar una eventual solicitud de extradición, por lo que la falta de elementos habría influido en la decisión del gobernador de retomar el cargo.
“Dado que esto no sucedió, ha sido, entiendo, una decisión del gobernador volver”, señaló.
La legisladora consideró que, mientras las autoridades no determinen lo contrario, debe prevalecer el debido proceso, pero subrayó que el gobernador debe mantener disposición para atender cualquier llamado de la justicia.
“Estará abierta la posibilidad de que una vez que se determinen las pruebas pueda seguir el procedimiento legal si es que así se requiere”, reiteró.
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MSL
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