La defensa del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel abrió una nueva ofensiva jurídica para sacarlo del penal federal del Altiplano y revertir la vinculación a proceso por delincuencia organizada, violaciones a la legislación de hidrocarburos y contrabando. La estrategia incluye la ampliación del equipo legal con cuatro abogados más y la promoción de dos juicios de amparo.
Uno de los recursos impugna la prisión preventiva oficiosa y el segundo combate la resolución que permitió mantener abierta la causa penal. Arturo Germán Rangel, exsubprocurador federal e integrante del nuevo equipo de defensa, sostuvo que el equipo no identifica participación del exgobernador de Baja California en los tres delitos que le atribuyen.
Verónica Ruffo, hija del imputado, informó que ambos recursos ya fueron admitidos en la Ciudad de México y señaló como prioridad la revisión de la medida cautelar. Añadió que espera una resolución o algún avance hacia el final de la semana. También pidió que el caso no derive en una confrontación partidista.
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El respaldo al exmandatario también tuvo una expresión visible durante la presentación de la nueva estrategia de defensa. Integrantes del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo portaron pines, playeras y bandanas con el número 6515, la matrícula penitenciaria asignada a Ruffo Appel en el Altiplano.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, relacionó la captura con los señalamientos contra la actual gobernadora de Baja California, y acusó a las autoridades de utilizar el caso como una “cortina de humo” y un “distractor”.
En la misma línea, Vicente Fox cuestionó el encarcelamiento del exgobernador y responsabilizó políticamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, por las condiciones de reclusión.
“No es un criminal y no merece de ninguna manera ese trato”, sostuvo.
El expresidente calificó, además, su permanencia en el Altiplano como un “error garrafal” y afirmó que Ruffo Appel ha sufrido afectaciones psicológicas.
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos México, exigió respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la autonomía del Poder Judicial (PJ) y de la FGR.
El político contrastó la situación del exmandatario con la de Rubén Rocha Moya y acusó al Gobierno federal de aplicar la justicia con criterios políticos. “Lo mínimo que debería ser como primer paso es permitir que Ernesto lleve su juicio en prisión domiciliaria”, afirmó.
Acosta Naranjo dirigió un reclamo a la jefa del Ejecutivo federal por las condiciones de reclusión del exmandatario. Recordó que Ruffo tiene 74 años y sostuvo que enfrenta problemas de salud. “Claudia, te hago responsable de lo que le pase en su salud”, expresó al invocar las luchas por presos políticos que, dijo, ambos conocieron décadas atrás.
Cuestionó que una operación de esa magnitud funcionara sin participación de distintas áreas. Señaló a Aduanas, Guardia Nacional (GN), Marina y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuya intervención resultaría necesaria para desarrollar el “esquema más grande” de huachicol del que se le acusa a Ruffo.
El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, que de acuerdo con sus organizadores ya tiene representaciones en 10 entidades, analiza acudir al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Defensa de Ernesto Ruffo busca cambiar prisión preventiva y presenta dos amparos
La defensa de Ernesto Ruffo Appel incorporó a cuatro abogados y abrió una nueva etapa jurídica para combatir la prisión preventiva oficiosa que lo mantiene en el penal federal del Altiplano y el auto de vinculación a proceso. El equipo también intervendrá en la investigación complementaria, cuyo plazo fijó la jueza en seis meses, con el propósito de aportar elementos sobre la actuación del exgobernador de Baja California dentro del expediente.
El representante legal que anunció su incorporación explicó que existen dos juicios de amparo. Uno cuestiona la medida cautelar impuesta al ex mandatario y otro impugna la resolución que permitió continuar la causa penal. “No advertimos una participación en el presente asunto en los tres hechos delictivos por los que fueron vinculados a proceso”, sostuvo al referirse a delincuencia organizada, violaciones a la legislación de hidrocarburos y contrabando.
A pregunta de los medios, Verónica Ruffo precisó que cuatro litigantes se sumaron al grupo encargado del caso y aseguró que ambos recursos ya obtuvieron admisión. La hija del exgobernador colocó como prioridad la revisión de la prisión preventiva y dijo que espera novedades sobre ese frente judicial hacia el final de la semana.
Frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Verónica afirmó que la movilización dejó de representar únicamente una causa familiar. Recordó un mensaje que, según relató, su padre transmitió desde Almoloya.
“Reflexionemos y unámonos”. También pidió evitar que el proceso derive en confrontaciones políticas o partidistas. “Esto no debe ser una lucha de partidos, no debe ser una lucha entre izquierdas y derechas; debe ser una lucha por nuestras instituciones, por nuestra justicia y por nuestra república”.
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional, vinculó políticamente la captura de Ruffo con los señalamientos públicos que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
“En política no existen las coincidencias”, afirmó. El dirigente sostuvo que las autoridades utilizaron el caso del exmandatario como una “cortina de humo” y un “distractor” durante el momento de mayor presión contra la administración estatal.
Romero Herrera expresó además respaldo a Verónica Ruffo y sostuvo que Acción Nacional acompañará a la familia durante el proceso. “Ernesto es inocente y es un preso político de este gobierno”, declaró. El panista aseguró que, desde su perspectiva, el procedimiento terminará con la exoneración del exgobernador.
Vicente Fox elevó el tono contra el gobierno federal y cuestionó directamente el encarcelamiento de Ernesto Ruffo en el penal del Altiplano. El ex presidente rechazó el trato que recibió el exgobernador de Baja California tras su detención. “No es un criminal y no merece de ninguna manera ese trato”, afirmó.
El expresidente también dirigió sus críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Fiscalía General de la República y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quienes responsabilizó políticamente por las condiciones de reclusión del panista.
Durante su intervención, el exmandatario sostuvo que Ruffo ha sufrido afectaciones psicológicas a causa de su reclusión. “Creo y siento y sé que de alguna manera le han torturado psicológicamente”, declaró. Fox calificó la permanencia del exgobernador en el Altiplano como un “error garrafal” y reclamó a las autoridades un trato distinto mientras continúa el proceso penal.
Otra parte de su discurso apuntó hacia Baja California. Fox planteó, sin aportar pruebas durante la conferencia, que la detención podría relacionarse con la situación política de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Esa acusación coincidió con la postura de otros integrantes del comité que vincularon temporalmente la captura con los señalamientos contra la administración estatal.
Fox también convirtió el caso Ruffo en un llamado electoral contra Morena. Afirmó que personas señaladas por delitos se incorporan a ese partido para obtener, según su acusación, un “manto protector” y pidió a la ciudadanía no respaldar nuevamente al oficialismo.
“Lo que requerimos es valentía ciudadana, acción ciudadana y ojalá todas y todos nos sumemos en esta causa”, expresó.
Además, reivindicó la trayectoria política de Ruffo como primer gobernador de oposición de Baja California y lo presentó como uno de los personajes que abrieron espacios electorales al PAN antes de la alternancia presidencial.
“Él nos abrió las puertas a muchos que venimos inmediatamente después. Él abrió las puertas a la democracia en este país”, afirmó Fox, quien también destacó su paso por Ensenada y su papel en la adopción de la credencial electoral con fotografía en la entidad.
Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos México, exigió respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la autonomía del Poder Judicial y de la FGR.
El político contrastó la situación de Ruffo con la de Rubén Rocha Moya y acusó al gobierno federal de aplicar la justicia con criterios políticos. “Lo mínimo que debería de ser como primer paso es permitir que Ernesto lleve su juicio en prisión domiciliaria”, afirmó.
Desde esa misma tribuna, Acosta Naranjo dirigió un reclamo a la Presidenta Sheinbaum por las condiciones de reclusión del exmandatario. Recordó que Ruffo tiene 74 años y sostuvo que enfrenta problemas de salud. “Claudia te hago responsable de lo que le pase en su salud”, expresó al invocar las luchas por presos políticos que, dijo, ambos conocieron décadas atrás.
Según el dirigente de Somos México, Ruffo permaneció en el país antes de su captura, no huyó a Estados Unidos y se encontraba en su domicilio cuando las autoridades ejecutaron la orden judicial. Acosta utilizó esos elementos para reforzar su exigencia de que pueda continuar la defensa desde casa mientras avanza el procedimiento penal.
Como parte de su intervención, Acosta Naranjo llevó el debate hacia el contrabando de combustibles y cuestionó que una operación de esa magnitud pudiera funcionar sin participación de distintas áreas gubernamentales. Señaló a aduanas, Guardia Nacional, Marina y Servicio de Administración Tributaria como dependencias cuya intervención resultaría necesaria, según su planteamiento, para desarrollar un esquema de huachicol fiscal.
Durante su exposición presentó además cálculos propios sobre el impacto fiscal del contrabando. Aseguró que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador existió una diferencia de 120 mil millones de litros entre las exportaciones de combustibles que reportó el Departamento de Energía de Estados Unidos hacia México y los registros nacionales. Acosta estimó en 554 mil millones de pesos la evasión correspondiente únicamente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, sin incluir el del Valor Agregado.
Para la administración de Claudia Sheinbaum, el dirigente afirmó que sus cálculos arrojan más de 80 mil millones de pesos en evasión. Esas cantidades corresponden a estimaciones expuestas por Acosta Naranjo durante la conferencia y el material proporcionado no incluye documentación que permita corroborarlas de manera independiente.
“Nosotros no metemos la mano por Ernesto, metemos el cuerpo”, afirmó al reiterar su convicción sobre la inocencia del exgobernador.
Según los organizadores, el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo ya cuenta con representaciones en 10 entidades y pretende ampliar su presencia nacional. Los promotores mencionaron actividades en Baja California, Yucatán, Morelos, Guanajuato y Ciudad de México, además de convocar a ciudadanos para integrar nuevas agrupaciones sin necesidad de pertenecer a un partido político.
Como parte de esa estrategia, el grupo analiza recurrir a organismos internacionales. Entre las vías mencionó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus integrantes aclararon que todavía concentran esfuerzos en los recursos internos.
Respecto de las condiciones dentro del Altiplano, Verónica Ruffo relató que durante su visita más reciente encontró cambios frente al primer encuentro con su padre. Indicó que el personal tenía instrucciones para facilitar el ingreso de medicamentos y unos tenis solicitados por el exgobernador.
Durante la sesión de preguntas, integrantes del comité sostuvieron que Ruffo participó como accionista en una empresa con permiso para importar combustible, aunque rechazaron que esa condición demuestre responsabilidad en las operaciones bajo investigación.
“La cantidad de combustible que se refiere en la denuncia no tiene nada que ver con las actividades de Ernesto”, afirmó Acosta Naranjo.
Fox también cuestionó lo que calificó como justicia selectiva y acusó al gobierno de utilizar las instituciones contra adversarios. “Pasar de justicia a justicia selectiva, a justicia dirigida, a justicia utilizada por el poder para acusar a sus oponentes”, expresó el exmandatario ante los reporteros.
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