En poco más de un mes desde su captura, Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, promovió al menos cuatro juicios de amparo para combatir distintos aspectos de su detención y los procesos penales abiertos en su contra. Los recursos abarcan desde señalamientos de incomunicación y tortura hasta su vinculación por delitos de drogas y armas, además de dos intentos para protegerse frente a una eventual entrega a Estados Unidos.
La ofensiva judicial sufrió este martes 1 de septiembre su primer revés frente al riesgo de una eventual extradición. Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, desechó la demanda 1023/2026-III-A, mediante la cual Álvarez Ayala reclamó posibles actos de extradición, expulsión o destierro hacia territorio estadounidense.
Apenas un día antes,el 31 de agosto, la defensa había presentado ese recurso y señalado como responsables al secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades. El juzgador determinó que no existía una decisión concreta para trasladarlo a Estados Unidos, por lo que calificó los actos reclamados como futuros y de realización incierta.
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Ese movimiento ocurrió cinco días después de que autoridades estadounidenses anunciaran cargos contra Ramón Ángel y su hermano Rafael Álvarez Ayala, “El R2”.
El 26 de agosto, un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación contra ambos por una presunta conspiración internacional para producir y distribuir cocaína y metanfetamina con destino a ese país, además de delitos relacionados con armas de fuego.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la imputación comprende hechos que habrían ocurrido entre 2004 y diciembre de 2023. A los hermanos les atribuye actividades relacionadas con al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina, así como el uso y portación de armas durante la supuesta conspiración. De recibir condenas por todos los cargos, podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
Antes de intentar frenar una eventual extradición, “El R1” ya había recurrido a la justicia federal desde los primeros días posteriores a su detención del 30 de julio. El expediente 864/2026 reclamó presuntos actos de incomunicación, tortura y afectaciones a su integridad física, además de cuestiones relacionadas con una orden de aprehensión por metanfetamina, portación de arma y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Ese juicio quedó posteriormente sin efecto.
Otro procedimiento, identificado como 866/2026, permanece abierto ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. En esa demanda, la defensa controvirtió la detención y volvió a señalar una posible incomunicación y tortura. También incluyó como acto reclamado el riesgo de una expulsión o destierro hacia Estados Unidos.
La audiencia constitucional está prevista para el 10 de septiembre.
Un tercer amparo, registrado con el número 1002/2026, se dirige contra la vinculación a proceso dictada el 6 de agosto dentro de la causa penal federal 285/2026 por posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, portación de arma de fuego y cartuchos reservados a las Fuerzas Armadas.
En ese expediente, el juzgado concedió una suspensión provisional que evita por ahora que el procedimiento llegue al Tribunal de Enjuiciamiento para la apertura del juicio oral una vez concluida la etapa intermedia. La audiencia constitucional quedó programada para el 5 de octubre.
La resolución emitida este martes no autoriza una extradición ni implica que exista ya una solicitud formal para trasladar a Álvarez Ayala. El desechamiento establece, por el contrario, que al momento de promover ese cuarto amparo no había un acto concreto de esa naturaleza que pudiera ser sometido al control de un juez federal.
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MSL
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