La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación ante la queja presentada por el partido Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que solicita el retiro inmediato de publicaciones y la suspensión de contenidos vinculados a “La Casa de los Mañosos”, una sátira política generada por terceros mediante el uso de inteligencia artificial (IA), la cual fue posteriormente transmitida en espacios informativos de TV Azteca.
Ante este escenario, la organización internacional instó al órgano electoral a garantizar de manera categórica que las herramientas e instancias institucionales no sean utilizadas como un mecanismo de censura o para restringir la crítica.
Por su parte, la televisora perteneciente a Grupo Salinas calificó la acción del partido en el poder como un evidente intento de censura. La empresa sostuvo que la sátira y la crítica periodística constituyen un pilar indispensable dentro del debate público, además de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
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Asimismo, TV Azteca ratificó su compromiso editorial de continuar investigando y cuestionando el ejercicio del poder público.
En este contexto, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que el caso plantea interrogantes de gran relevancia respecto a los límites de la intervención de las autoridades electorales ante expresiones satíricas y humorísticas.
El directivo, representante del diario estadounidense Evening Post Publishing Inc., enfatizó que el libre debate democrático exige que las instituciones actúen en el estricto marco de sus atribuciones, garantizando el respeto al humor político aun cuando este resulte incómodo para los actores en el poder.
Coincidiendo con esta postura, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo y directiva de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó la peligrosidad de implementar mecanismos que terminen silenciando contenidos periodísticos.
Ramos aseveró que el Estado tiene la obligación de garantizar un entorno seguro e imparcial para que los medios investiguen a los funcionarios sin temor a represalias institucionales, recordando que el derecho a la información protege de manera especial las opiniones dirigidas a quienes ejercen funciones públicas.
Finalmente, la SIP recordó la resolución emitida a finales de agosto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dicho fallo ordenó al INE eliminar los lineamientos para monitorear discursos indirectos de descalificación en medios rumbo a las elecciones de 2027, al determinar que tales reglas carecían de objetividad y generaban un efecto silenciador nocivo sobre el periodismo libre y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.
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JVR
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