Ante el incremento del ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y otros riesgos asociados al uso de plataformas digitales, la diputada federal del PRI, Verónica Martínez García, presentó una iniciativa para establecer mayores controles al acceso de niñas, niños y adolescentes a las redes sociales.
La propuesta plantea adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, con el objetivo de establecer obligaciones específicas para las plataformas digitales y reforzar la protección de los menores en internet.
Entre las medidas principales se propone prohibir la creación y permanencia de cuentas de usuarios menores de 14 años, para lo cual las plataformas tendrían que implementar mecanismos eficaces y proporcionales de verificación de edad.
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Para los adolescentes de 14 a 18 años, la iniciativa contempla que el acceso a redes sociales esté condicionado al consentimiento expreso de la madre, padre o tutor.
Verónica Martínez García argumentó que los riesgos digitales han adquirido una dimensión preocupante y citó datos de UNICEF México y de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), según los cuales un millón 300 mil adolescentes han experimentado malestar psicológico.
Asimismo, de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso del INEGI citado en la propuesta, 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años fueron víctimas de hostigamiento digital, de los cuales 54 por ciento corresponde a mujeres.
La legisladora Verónica Martínez García también señaló que estudios especializados estiman que uno de cada ocho adolescentes en México ha sufrido explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales.
La iniciativa establece que las redes sociales deberán implementar protocolos de prevención, detección, denuncia y retiro oportuno de contenidos que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.
También propone configuraciones de seguridad reforzada y herramientas de control parental, además de establecer sanciones administrativas y penales para las plataformas digitales que incumplan con los protocolos de protección integral.
En materia penal, la propuesta busca endurecer las sanciones contra quienes utilicen internet o redes sociales para contactar a menores de edad con fines sexuales. Para estos casos, se plantean penas de tres a seis años de prisión, además de multas.
La iniciativa también contempla acciones dentro del sistema educativo. Entre ellas, que las autoridades proporcionen infraestructura tecnológica adecuada en las escuelas públicas y que el personal docente reciba capacitación permanente para promover un uso seguro, ético y pedagógico de las herramientas digitales.
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