El almirante José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no ha declarado el destino de más de 6.3 millones de pesos contratados a través de dos créditos hipotecarios otorgados por instituciones militares.
Al mismo tiempo, José Rafael Ojeda Durán percibe ingresos anuales superiores a los dos millones de pesos como asesor en la dependencia federal.
Estos hallazgos se desprenden de la desclasificación e integración pública de su declaración patrimonial y de intereses presentada por el mando naval, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno diera a conocer la apertura del historial patrimonial de 69 militares en activo y nueve exfuncionarios pertenecientes a la Secretaría de Marina (SEMAR).
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Tras concluir su periodo como titular de la SEMAR en octubre de 2024, el almirante Ojeda Durán asumió el cargo de asesor, función en la que ha continuado percibiendo remuneraciones netas del erario público que rozan el techo constitucional.
De acuerdo con el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ningún servidor público puede recibir una remuneración anual superior a la fijada para la persona titular del Ejecutivo Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Bajo este marco, el tope salarial para la Presidencia se ubica en torno a los 2 millones 69 mil pesos netos al año, es decir, aproximadamente 134 mil 290 pesos mensuales netos más prestaciones.
De acuerdo con la declaración patrimonial de modificación de 2025, el exsecretario José Rafael Ojeda Durán reportó un ingreso neto anual de 2 millones 4 mil 282 pesos por concepto de su remuneración como servidor público. Un año después, en la declaración patrimonial de 2026, la cifra acumulada ascendió a 2 millones 40 mil 558 pesos netos anuales por el ejercicio del mismo cargo, montos que lo colocan en la cima de las percepciones permitidas dentro de la administración pública federal.
Pese a reportar ingresos anuales de esta magnitud y acumular más de cuatro décadas de trayectoria militar, el historial del almirante no reporta cuentas bancarias, inversiones a plazo, fondos de ahorro, joyas, menaje de casa ni bienes inmuebles a su nombre. Sus activos declarados se limitan a un vehículo particular modelo 2009.
El punto de mayor inconsistencia en el rastreo patrimonial del ex mando militar se localiza en la adquisición de pasivos para la compra de vivienda.
En diciembre de 2020, José Rafael Ojeda Durán contrató dos créditos hipotecarios: uno con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) por 4 millones 559 mil 609 pesos, y otro con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) por 1 millón 800 mil pesos, con lo que sumó un endeudamiento total de 6.3 millones de pesos.
Las normativas operativas de Banjercito y del ISSFAM exigen la constitución de un inmueble como garantía real para el otorgamiento de créditos hipotecarios. Sin embargo, en ninguna de sus declaraciones posteriores en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, el almirante declaró la adquisición o propiedad de casa, departamento o terreno alguno a su nombre.
El análisis de la trazabilidad financiera revela además fallas y variaciones inexplicadas en la rendición de cuentas del almirante:
Al inicio de su mandato como Secretario, en diciembre de 2018, José Rafael Ojeda Durán reportó un crédito hipotecario contratado en 2012 con un saldo pendiente de 143 mil 869 pesos. Sin embargo, en mayo de 2019 declaró el finiquito de dicha deuda, justificando pagos realizados por tan solo 75 mil 162 pesos durante el ejercicio, sin que la diferencia quedara explicada en el documento.
En la declaración de mayo de 2021, el funcionario asentó un único adeudo por 9 millones 929 mil 221 pesos, atribuyéndolo de forma conjunta al ISSFAM y Banjercito. Para 2022, la cifra fue corregida a la baja para reubicarla en los dos créditos originales, que sumaban 6.3 millones de pesos, con una diferencia de más de 3.5 millones de pesos entre ambos periodos sin que mediara aclaración administrativa pública.
Entre 2022 y 2024, los saldos adeudados de ambas hipotecas se mantuvieron sin variación en los reportes públicos, exactamente en el monto de origen otorgado en 2020, pese a que los créditos institucionales del sector defensa ejecutan deducciones directas de nómina sobre el haber de retiro o la retribución de los mandos.
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