La reforma constitucional en materia de nacionalidad única para quienes aspiren a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales generó posiciones encontradas en la Cámara de Diputados, donde legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC confrontaron argumentos sobre soberanía, lealtad al Estado mexicano, derechos políticos y doble nacionalidad.
Durante la discusión del dictamen, legisladores de Morena, PVEM y PT respaldaron la propuesta al considerar que quienes ocupen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deben mantener una vinculación exclusiva con México. En contraste, PAN, PRI y MC cuestionaron que la doble nacionalidad pueda utilizarse como criterio para limitar derechos políticos.
La reforma fue aprobada en lo general por mayoría calificada, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Tras este resultado, el Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión en lo particular del dictamen, etapa en la que las y los legisladores pueden presentar reservas y propuestas de modificación.
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La diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, fue una de las primeras en intervenir para fijar la postura de su bancada
La diputada de Morena Haidyd Arreola López sostuvo que el debate no se limita a la nacionalidad de quienes aspiren a cargos ejecutivos, sino que involucra la protección de la soberanía del Estado mexicano.
“Si se quiere gobernar México, su compromiso debe ser exclusivo con el pueblo mexicano”, afirmó, al señalar que la medida busca evitar conflictos de interés y responsabilidades derivadas del ejercicio del servicio público.
Desde el PAN, el diputado Germán Martínez Cázares argumentó que la soberanía no se garantiza mediante restricciones a quienes ocupan los cargos públicos, sino mediante instituciones sólidas y responsabilidades claras para los servidores públicos.
“La soberanía democrática se protege con instituciones sólidas y Estado de derecho”, sostuvo.
La diputada Paulina Rubio Fernández cuestionó, por su parte, que tener una sola nacionalidad sea garantía de una actuación soberana. En su intervención hizo referencia a problemas de seguridad, transporte, desapariciones y delincuencia organizada para sostener que la nacionalidad de un gobernante no necesariamente determina el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.
La diputada del PVEM Ruth Maricela Silva Andraca afirmó que la reforma no pretende restringir los derechos de las comunidades migrantes ni cuestionar la doble nacionalidad, sino establecer que quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos Federal y locales cumplan con el requisito de nacionalidad mexicana única.
En el PT, la diputada Irma Yordana Garay Loredo sostuvo que la reforma pretende establecer reglas para garantizar que quienes aspiren a gobernar México tengan un compromiso con el país y su población.
La bancada del PRI anunció su rechazo a la reforma. El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez afirmó que no respaldarán una modificación que, desde su perspectiva, vulnera derechos de los mexicanos que poseen otra nacionalidad y utiliza la Constitución como instrumento de sanción política.
Víctor Samuel Palma César calificó la propuesta como discriminatoria y regresiva, mientras que Nadia Navarro Acevedo sostuvo que la doble nacionalidad no determina la lealtad o el amor por México.
“No confundamos nacionalidad con libertad ni con lealtad”, expresó la legisladora priista, quien llamó a mantener la igualdad de derechos y oportunidades entre los mexicanos.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Hernández García señaló que, aunque se argumente que la reforma no implica discriminación, en los hechos establece una limitación de derechos políticos para las personas con doble nacionalidad.
Irais Virginia Reyes de la Torre sostuvo que la soberanía debe reflejarse en la capacidad del Estado para combatir a organizaciones criminales, sancionar a funcionarios y garantizar que las decisiones públicas se tomen mediante instituciones nacionales.
“Ningún artículo de nuestra Constitución debería convertir a un mexicano por nacimiento en un mexicano con menos derechos”, afirmó.
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