El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la planeación del procedimiento de verificación de integridad de las candidaturas que participarán en los Procesos Electorales Federal y Locales 2026-2027, con un universo aproximado de 20 mil 61 tipos de cargos federales y locales.
La revisión abarcará a quienes pretendan ser postulados por partidos políticos o mediante candidaturas independientes, así como a sus respectivas suplencias, siempre que otorguen su consentimiento previo.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el procedimiento permitirá establecer etapas, actividades, responsables, plazos y mecanismos de coordinación para realizar las verificaciones antes del registro de las candidaturas.
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La Comisión recibirá de los partidos políticos nacionales y locales, así como de las personas aspirantes a candidaturas independientes, los listados de quienes pretendan contender por cargos de elección popular.
La información será evaluada por instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, que determinarán, dentro de sus atribuciones, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable.
El mecanismo se aplicará conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE el 10 de septiembre de 2026.
La participación de las personas sujetas a revisión y de los partidos políticos deberá sustentarse en el “consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de las personas involucradas”.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral garantizará la confidencialidad de la información, conforme a las normas de transparencia y protección de datos personales.
El organismo electoral aclaró que los informes, opiniones y documentos derivados de las verificaciones tendrán un carácter exclusivamente técnico e informativo, por lo que “no producirán efectos sobre la elegibilidad de alguna candidatura ni incidirán en el ejercicio de los derechos político-electorales”.
También se preservará la presunción de inocencia. Ningún dictamen implicará determinar responsabilidades penales, administrativas, civiles o financieras y “no podrá emplearse como indicio o prueba de culpabilidad”.
Para realizar las verificaciones, la Comisión podrá coordinarse con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de facilitar el intercambio de información previsto en la ley.
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