Jorge Montaño Ventura llegó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023 mediante el mecanismo de insaculación aprobado por la Cámara de Diputados.
Antes de ocupar una de las posiciones desde las que participa en las decisiones del árbitro electoral nacional, construyó una larga trayectoria en organismos electorales de Tabasco, donde también coincidió profesionalmente con personajes vinculados al grupo político del exgobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández.
Su llegada al Instituto Nacional Electoral ocurrió cuando López Hernández se desempeñaba como secretario de Gobernación. Tras conocerse el resultado de la insaculación, el entonces secretario celebró públicamente la designación de Jorge Montaño Ventura y de los otros consejeros electos.
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Jorge Montaño Ventura ocupa actualmente una consejería electoral con periodo del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032. El propio INE registra que antes fue consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco y fiscal especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado.
Una investigación en la entidad señala uno de los episodios más controvertidos de su trayectoria, ya que se remonta a su paso por el IEPCT, cuando participó como consejero en el proceso relacionado con la adquisición de un inmueble para el organismo electoral.
De acuerdo con los antecedentes señalados en documentación y versiones públicas sobre el caso, la operación generó cuestionamientos por el precio y las condiciones del inmueble y derivó en procedimientos administrativos y posteriormente en una investigación penal.
El episodio alcanzó tal dimensión que en 2015 el Congreso de Tabasco aprobó una declaración de procedencia relacionada con Jorge Montaño Ventura, lo que permitió que enfrentara el proceso correspondiente mientras se desempeñaba como magistrado electoral.
Sin embargo, el desenlace no significó una condena penal en su contra. Posteriormente obtuvo un amparo y continuó su carrera dentro de las instituciones electorales.
Por ello, resulta impreciso señalar que Jorge Montaño Ventura “fue condenado por corrupción” o que existe una sentencia firme que lo responsabilice por el presunto fraude. Lo documentable es que fue investigado, enfrentó un procedimiento de desafuero y posteriormente obtuvo protección judicial, sin que el episodio terminara en una sentencia penal condenatoria.
El INE registra que en febrero de 2010 fue elegido consejero del IEPCT; en octubre de 2014 fue nombrado magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco y entre noviembre de 2017 y octubre de 2019 presidió ese órgano jurisdiccional. En enero de 2021 fue designado fiscal especializado en Delitos Electorales de Tabasco.
En marzo de 2023, la Cámara de Diputados lo seleccionó por insaculación como consejero del INE para el periodo 2023-2032. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó posteriormente su designación después de que fuera impugnada, entre otros argumentos, por su anterior desempeño como fiscal electoral de Tabasco.
Su incorporación al máximo órgano electoral del país se produjo, además, en un momento políticamente relevante para el grupo encabezado por Adán Augusto López. El entonces secretario de Gobernación celebró públicamente la elección de Montaño y de los demás consejeros.
Los vínculos políticos de Jorge Montaño Ventura con Tabasco han alimentado cuestionamientos sobre la independencia de su trayectoria, particularmente por su cercanía con funcionarios que ocuparon cargos durante administraciones vinculadas a López Hernández.
No obstante, la relación política o profesional entre funcionarios no acredita por sí misma una intervención indebida en las decisiones del INE.
Lo que sí consta es que Jorge Montaño Ventura ha ocupado posiciones relevantes en prácticamente toda la cadena institucional electoral: organismo administrativo local, tribunal electoral, fiscalía especializada y, finalmente, el Consejo General del INE.
Desde el INE, Jorge Montaño Ventura incluso, ha defendido públicamente la necesidad de que partidos, candidatos y autoridades respeten las reglas electorales y ha advertido sobre las consecuencias de los actos anticipados de campaña y del incumplimiento de las normas.
La influencia de Jorge Montaño Ventura en Tabasco volvió a ser objeto de cuestionamientos en 2024, cuando el Consejo del IEPCT aprobó diversos nombramientos.
Entre ellos estuvo Isby Danney Montaño Ventura, hermana del consejero del INE, quien fue designada titular del Órgano Técnico de Fiscalización del organismo electoral local.
La designación fue reportada por medios tabasqueños como parte de una serie de nombramientos atribuidos políticamente al entorno de Jorge Montaño Ventura. Sin embargo, el dato verificable es el nombramiento de su hermana; la afirmación de que Montaño “la impuso” o intervino directamente en su designación requiere acreditar documentalmente su participación en el proceso.
A lo largo de más de una década, el actual consejero del INE ha pasado por distintas instituciones responsables de organizar, juzgar y perseguir delitos relacionados con los procesos electorales.
Su cercanía profesional con distintos actores de la política tabasqueña ha sido utilizada por sus críticos para cuestionar su independencia, mientras que institucionalmente su designación como consejero del INE fue validada mediante el procedimiento de insaculación y posteriormente confirmada por el Tribunal Electoral.
Hoy, desde el Consejo General del INE, Jorge Montaño Ventura participa en decisiones que impactan directamente en la organización y vigilancia de los procesos electorales del país.
La discusión, por ello, no sólo gira alrededor de su pasado en Tabasco, sino sobre una pregunta más amplia: qué tan determinante puede ser la red de relaciones construida por un funcionario electoral a lo largo de su carrera y dónde termina la trayectoria profesional y comienza la influencia política.
Hasta ahora, las fuentes oficiales consultadas acreditan su trayectoria y sus cargos, así como su designación como consejero del INE; los señalamientos sobre una supuesta operación política de Adán Augusto López a través de Montaño deben mantenerse como acusaciones o interpretaciones de sus críticos, mientras no exista documentación que pruebe una intervención indebida.
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