Un Tribunal Colegiado negó el amparo con el que Pacific Lifestyle Properties buscó revertir las sanciones por ocupar terrenos federales en San Pancho, Nayarit, y dejó en pie la obligación de demoler obras para recuperar más de mil 466 metros cuadrados, además del pago de una multa, informó este miércoles la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La resolución, que los magistrados aprobaron por unanimidad, mantiene las medidas contra el desarrollo inmobiliario que la compañía levantó en la zona costera de San Francisco, municipio de Bahía de Banderas. Profepa sostuvo que el fallo concluye seis años de litigios y obliga a la inmobiliaria a restituir la superficie a su estado base.
El conflicto con Punta Paraíso San Pancho, nombre del proyecto, antecede a la sanción que ahora confirmó el tribunal. En diciembre de 2017, la autoridad ambiental reportó que Pacific Lifestyle Properties colocó una malla ciclónica fuera del polígono que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) permitió para la obra.
La estructura invadía parcialmente la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, además de obstruir el paso por ese espacio. La compañía tampoco exhibió entonces un título de concesión que acreditara el derecho para ocupar esos bienes nacionales.
Durante aquella primera intervención, Profepa precisó que la autorización de impacto ambiental databa del 25 de septiembre de 2017 y que el promotor notificó el comienzo de las obras cinco días después. Tras constatar que la empresa no retiró la barrera dentro del plazo que le fijó, la dependencia impuso una clausura parcial temporal en diciembre de ese mismo año.
Aquel procedimiento no detuvo de manera definitiva el desarrollo. En marzo de 2018, la Procuraduría verificó el retiro y la reubicación de la malla, con lo que recuperó cerca de 210 metros cuadrados de duna costera. La propia institución señaló en ese momento que esa estructura constituía la única contravención que había observado respecto de la autorización ambiental y permitió que la empresa continuara el proyecto.
Sin embargo, una denuncia que ciudadanos presentaron ante Profepa el 13 de agosto de 2019 abrió otra etapa del caso. Inspecciones del 1 y 2 de diciembre de 2021 dieron sustento a un procedimiento distinto, que concluyó en agosto de 2022 con sanciones contra Pacific Lifestyle Properties por obras sobre terrenos ganados al mar sin títulos de concesión. La resolución fijó multas que sumaron 96 mil 220 pesos y ordenó reparar el daño mediante la restitución del área.
Con otro oficio de septiembre de 2022, la autoridad precisó que la superficie alcanzaba mil 466 metros cuadrados y ordenó devolverla a su estado base. Esa medida implicó retirar las obras que ocupan los terrenos federales, mandato que la inmobiliaria llevó a tribunales y que permaneció sin ejecución mientras continuaba la disputa judicial.
Pacific Lifestyle Properties promovió además el juicio 3482/22-EAR-01-12 contra la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de Profepa. Registros del Tribunal Federal de Justicia Administrativa muestran que el expediente todavía tuvo actuaciones en abril de 2025, con intervenciones tanto de la compañía como de la dependencia federal y de habitantes de San Pancho.
Mientras esa controversia avanzaba, el proyecto enfrentó otra batalla jurídica por una vía diferente. Habitantes de la comunidad impugnaron desde enero de 2018 la autorización de impacto ambiental que Semarnat concedió en 2017. El asunto llegó al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el amparo directo 166/2021.
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MSL