El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre presuntos casos de trabajo forzoso en comercios de propietarios chinos en México, la falta de vigilancia sobre reclutadores agrícolas que explotan a jornaleros y la ausencia de retenciones de mercancías que provienen de explotación laboral, pese a las restricciones que el Gobierno mexicano aplica desde 2023.
En su Informe sobre Trata de Personas 2026, Washington cuestionó que las autoridades no hayan reportado sanciones económicas contra agencias de contratación.
Sobre los establecimientos de propietarios chinos, el diagnóstico señala que las autoridades mexicanas investigan denuncias de trabajo forzoso, aunque no identifica los negocios involucrados, las entidades donde operan ni los resultados de las pesquisas.
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El documento tampoco precisa cuántos casos detectaron las instituciones responsables. Estos casos forman parte de las observaciones estadounidenses sobre las distintas formas de explotación laboral que afectan a trabajadores nacionales y extranjeros.
Una de las principales advertencias corresponde a la entrada de mercancías cuya fabricación involucra trabajo forzoso. Desde mayo de 2023, cuando México comenzó a aplicar las restricciones para impedir estas importaciones, las autoridades no han retenido productos por esa causa, pese a las pruebas que el Departamento de Estado afirma tener sobre operaciones comerciales que involucran artículos procedentes de la región china de Xinjiang.
“México no ha retenido ninguna mercancía producida mediante trabajo forzoso desde que comenzó a aplicar su prohibición de importación en mayo de 2023”, establece el informe, que también menciona evidencias sobre productos por valor de millones de dólares que atraviesan territorio mexicano con destino a Estados Unidos.
En octubre de 2025, el Gobierno mexicano modificó las disposiciones que regulan esa prohibición con el propósito de facilitar la presentación de denuncias y reducir los requisitos de información que deben aportar quienes alertan sobre mercancías de ese origen. Sin embargo, el Departamento de Estado indicó que esas reformas no habían producido retenciones durante el periodo que examinó.
Otro de los principales cuestionamientos se concentra en las condiciones de contratación de trabajadores agrícolas, particularmente en la actividad de intermediarios que recurren a promesas engañosas, cobran cuotas ilegales y aprovechan la falta de vigilancia gubernamental para obtener beneficios económicos.
El Departamento de Estado identifica a estas personas como enganchadores, quienes ofrecen oportunidades de empleo a jornaleros y exigen pagos por conseguirles una plaza laboral, pese a que la legislación mexicana prohíbe cobrar comisiones a los trabajadores por ese servicio.
De acuerdo con el documento, numerosos reclutadores informales operan fuera de los mecanismos de supervisión que establece el Gobierno y recurren a prácticas abusivas sin enfrentar consecuencias legales. La situación afecta a personas que dependen de estos intermediarios para acceder a empleos agrícolas y carecen de alternativas para negociar las condiciones de contratación.
La legislación federal exige que las agencias de empleo y los intermediarios obtengan autorización oficial y cumplan con los registros correspondientes. También contempla multas por incumplimientos y prohíbe que los empleadores trasladen a los trabajadores los costos de contratación mediante descuentos salariales.
Pese a estas obligaciones, México no informó sobre multas contra agencias de empleo por violaciones a la normativa durante el periodo de evaluación. Washington considera que las deficiencias de vigilancia permiten que continúen las prácticas fraudulentas de reclutamiento y dificultan la identificación de posibles víctimas.
La situación también alcanza a trabajadores extranjeros que buscan oportunidades de empleo en el sur del país. Durante el periodo de evaluación, las autoridades mexicanas expidieron tarjetas de visitante trabajador fronterizo a aproximadamente 6 mil ciudadanos de Guatemala y Belice, documentos que les permiten acceder legalmente al mercado laboral nacional.
Sin embargo, el informe advierte que numerosos empleados extranjeros carecen de opciones prácticas para abandonar centros de trabajo donde enfrentan abusos sin poner en riesgo su condición migratoria.
El diagnóstico también señala que México identificó a 139 víctimas de trata con fines de explotación laboral durante 2025, frente a las 75 del año anterior. La cifra forma parte de los mil 743 casos de trata que reportaron instituciones federales y estatales, aunque Washington advirtió sobre inconsistencias en los registros y posibles duplicidades.
Las autoridades comunicaron que 189 víctimas de explotación laboral recibieron servicios gubernamentales o apoyo de organizaciones que cuentan con financiamiento público durante el periodo de evaluación. No obstante, el Departamento de Estado señaló que México no proporcionó información completa sobre las características de la asistencia.
Estos servicios contemplan atención médica, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y alojamiento temporal. Pese a ello, el informe identifica recursos insuficientes para las personas que sufren trabajos forzosos, particularmente en comunidades rurales donde la presencia de instituciones con personal capacitado resulta limitada.
Además, el acceso a determinados mecanismos de protección depende de que las víctimas presenten una denuncia y obtengan reconocimiento oficial de su condición. Las diferencias entre los procedimientos estatales constituyen otro obstáculo para quienes buscan abandonar entornos laborales de explotación.
La evaluación señala que México también puso en funcionamiento durante 2025 una plataforma digital de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para recibir denuncias por violaciones a los derechos laborales. El instrumento forma parte de las acciones preventivas que reconoce Estados Unidos, aunque el reporte mantiene sus observaciones sobre la supervisión de intermediarios y la aplicación de sanciones.
En materia de procuración de justicia, la legislación mexicana contempla penas de cinco a 20 años de prisión por trata con fines de explotación laboral, además de multas económicas. Durante 2025, las autoridades iniciaron procesos penales contra 37 sospechosos por esa modalidad y los tribunales dictaron 39 condenas, conforme a las estadísticas que recibió el Departamento de Estado.
A pesar de estos resultados, Washington advirtió que el Gobierno mexicano no cuenta con información suficientemente confiable para evaluar de manera integral sus acciones contra la trata, debido a las diferencias entre los registros federales y estatales, así como a la falta de coordinación entre instituciones.
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