La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó seis millones 40 mil pesos pendientes de aclaración en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), de los cuales, más de la mitad corresponde a recursos enviados a cinco representaciones diplomáticas y consulares en Estados Unidos y Canadá, cuyo destino no pudo verificar.
La revisión de la Cuenta Pública 2025 también dio lugar a seis pliegos de observaciones y cuatro promociones de responsabilidad administrativa. El mayor señalamiento comprende tres millones 389 mil pesos transferidos a las representaciones de México en New Brunswick, Washington, Eagle Pass, Montreal y Filadelfia.
La institución no registró esas operaciones en el sistema oficial de control presupuestario, por lo que los auditores carecieron de elementos para comprobar su aplicación en proyectos comunitarios o acreditar su devolución a la Tesorería de la Federación. La fiscalización reveló que el instituto no pudo determinar con precisión a cuántas personas atendió en los programas, pese al aumento presupuestal de 58.1 a 103.9 millones de pesos en 2025.
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- El Dato: En la evaluación pública, un cumplimiento mayor al 100% señala fallas estructurales en el diseño de las métricas y graves deficiencias detectadas por la ASF.
La ASF identificó deficiencias en los indicadores institucionales, cuyos niveles de cumplimiento oscilaron entre 47.7 y 410.5 por ciento, por lo que pidió corregir los mecanismos para medir la cobertura y los resultados de sus servicios.
De acuerdo con el informe individual 167, el organismo destinó 79.7 millones de pesos a 60 representaciones mexicanas en el extranjero para desarrollar proyectos de atención a connacionales. Sin embargo, las deficiencias en los registros financieros impidieron verificar el destino de una parte de ese presupuesto, que representa casi seis de cada diez pesos pendientes de aclaración en toda la auditoría.
A estas observaciones se sumaron un millón 851 mil pesos que el IMME pagó el 13 de marzo de 2025 por diferencias cambiarias del ejercicio anterior.
La ASF encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no acreditó que esos adeudos sean parte de los pasivos que debía informar a Hacienda al cierre de 2024, requisito para autorizar su pago con recursos del siguiente año.
Las irregularidades también alcanzaron la nómina. El órgano fiscalizador identificó pagos por 244 mil 694 pesos debido a que la institución ocupó plazas administrativas por encima de las autorizadas. El IMME presentó documentos para justificar otros movimientos de personal, pero no acreditó la autorización de dos puestos adicionales de los niveles operativos 6 y 8.
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En contrataciones, la ASF observó que ocho trabajadores recibieron un millón 138 mil pesos sin acreditar todos los requisitos profesionales y laborales de sus cargos. Durante la revisión, el instituto justificó una parte de ese importe, pero mantuvo pendientes 187 mil 585 pesos correspondientes a tres personas que no demostraron la experiencia requerida o carecían de perfiles que requiere el cargo.
Otro expediente documentó pagos a personal eventual sin comprobar su preparación académica. De los cuatro casos que inicialmente presentaron esa irregularidad, el organismo consiguió aclarar tres, mientras que permanecieron pendientes 309 mil 412 pesos correspondientes a un trabajador cuya escolaridad no quedó acreditada.
Las inconsistencias administrativas se extendieron a la contabilidad de las remuneraciones. La ASF encontró una diferencia de cinco millones 873 mil pesos entre las percepciones respaldadas por comprobantes fiscales y el presupuesto modificado para servicios personales, sin que la institución proporcionara documentos suficientes para justificarla. Este señalamiento originó una promoción de responsabilidad administrativa y no constituye un monto adicional a los seis millones pendientes de aclaración.
Por separado, la Cancillería pagó tres millones 596 mil pesos a siete integrantes del Servicio Exterior Mexicano con cargo al presupuesto del IMME, pese a que estaban adscritos a la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Los auditores solicitaron investigar la falta de correspondencia entre la unidad de adscripción, las plazas ocupadas y el origen de los recursos.
Los problemas de control alcanzaron a los programas de apoyo a connacionales. En 2025, el IMME desarrolló 26 proyectos y actividades, entre ellos, cuatro convenios con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, destinados a servicios sanitarios, alfabetización y estudios en EU y Canadá.
En conjunto, esos cuatro proyectos concentraron 50 millones de pesos, equivalentes a casi dos terceras partes de los recursos transferidos al extranjero para las actividades examinadas. Pese a ello, el IMME entregó los informes técnicos y financieros de salud con 43 días hábiles de retraso, mientras que el reporte general de educación llegó al INEA 69 días hábiles después del plazo establecido.
El incremento presupuestario respondió principalmente a ampliaciones por 45.8 millones de pesos para fortalecer las acciones educativas y las Ventanillas de Salud. El organismo ejerció prácticamente la totalidad de los recursos autorizados, aunque los auditores advirtieron que sus mecanismos de evaluación no permitían establecer con precisión su alcance.
Respecto a la administración del dinero, el informe señala que el IMME carece de una unidad de finanzas, por lo que la Cancillería concentra funciones relacionadas con personal, nómina y presupuesto. Algunas observaciones de esos rubros son parte de la auditoría 391 a la SRE.
En el balance, la ASF determinó 19 hallazgos, de los cuales cinco no presentaron irregularidades y dos quedaron solventados antes de la emisión del documento. Los doce restantes originaron seis pliegos de observaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa, una recomendación y otra relacionada con el desempeño del organismo.
Aunque el IMME reintegró 902 mil 394 pesos a la Tesorería de la Federación, la autoridad fiscalizadora mantuvo los seis millones pendientes de aclaración.
La dependencia presentó documentación mediante oficios de septiembre y octubre de 2026, pero los auditores consideraron que los elementos aportados resultaron insuficientes para resolver las observaciones restantes.
Las acciones continúan sujetas al procedimiento de seguimiento previsto en la legislación, que permite a la institución presentar información adicional dentro del plazo correspondiente. Los montos observados son recursos sin justificación suficiente, no desvíos acreditados.
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