El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para intercambiar información que permita evaluar posibles vínculos con la delincuencia organizada y otros riesgos en los perfiles de quienes busquen una candidatura.
El acuerdo será suscrito este viernes por la consejera presidenta del INE, Blanca Yassahara Cruz García, y los titulares de las cinco instituciones: Ernestina Godoy Ramos, de la FGR; Omar García Harfuch, de la SSPC; Francisco Almazán Barocio, del CNI; Ángel Cabrera Mendoza, de la CNBV, y Omar Reyes Colmenares, de la UIF.
De acuerdo con el comunicado del organismo electoral, el objetivo es evitar la infiltración de la delincuencia organizada o de cualquier otra forma de criminalidad entre las personas aspirantes a candidaturas durante el Proceso Electoral Concurrente.
El convenio facilitará el intercambio de información para desarrollar procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable, tanto de quienes busquen una postulación por algún partido político como de quienes aspiren a una candidatura independiente.
El INE precisó que los partidos políticos y las personas interesadas en obtener una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente los listados de sus posibles postulaciones, siempre que estén acompañados del consentimiento informado de cada aspirante.
Una vez recibida la información, el Instituto la remitirá a las instancias correspondientes, que serán las encargadas de determinar, conforme a sus propias metodologías y criterios, si existe o no un riesgo razonable en los perfiles revisados.
El organismo electoral sostuvo que este mecanismo busca fortalecer la autenticidad de las postulaciones y establecer la integridad de las candidaturas como un estándar de probidad pública y responsabilidad democrática, sin menoscabar los derechos político-electorales de las personas aspirantes.
El acuerdo se formalizará en un contexto de preocupación por la posible infiltración de grupos criminales en los procesos electorales y la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades electorales, de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
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