La Fiscalía General de la República (FGR) presentó tres elementos documentales que contradicen la supuesta relación laboral de Alfredo Jorge Colín Huerta con un grupo empresarial, al que demandó por un conflicto de trabajo y por cuyo caso enfrenta una orden de aprehensión.
Los datos de prueba quedaron incorporados en una sentencia del 14 de julio de 2026, mediante la cual el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó por unanimidad el amparo promovido por Colín Huerta contra la orden de captura girada en su contra.
Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentra la declaración del director de Administración de Recursos Humanos, quien aseguró que Colín Huerta nunca trabajó para la compañía, Herdez ni alguna de sus marcas o subsidiarias.
El directivo, quien labora en la empresa desde 1997, explicó que tenía conocimiento de ello debido a que los procedimientos de contratación pasan por su área y ha firmado los contratos de los trabajadores de la compañía.
A esta declaración se suma un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fechado el 12 de marzo de 2025, en el que la institución informó que no encontró antecedentes de una relación laboral entre Colín Huerta y Grupo Herdez.
El tercer elemento corresponde a la declaración de Irene León Escamilla, abogada que participó en el litigio laboral, quien el 11 de septiembre de 2025 compareció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y sostuvo que Colín Huerta no trabajaba ni había trabajado para ninguna de las empresas demandadas.
De acuerdo con el expediente, en una declaración escrita de su puño y letra, la litigante reconoció que estaban demandando de manera fraudulenta.
La investigación también señala la presunta participación de León Escamilla y de su jefe, el abogado Humberto Cavazos Chena, en la elaboración de una demanda laboral sustentada en una relación de trabajo que, según los elementos recabados por la Fiscalía, no existió.
En el caso también figura Aurora León, quien ha utilizado como argumento la detención de un juez en Colombia en un asunto relacionado con extradición. Sin embargo, ese señalamiento no acredita por sí mismo la existencia de una relación laboral entre Colín Huerta y Grupo Herdez ni desvirtúa los documentos incorporados a la investigación.
La resolución del tribunal colegiado constituye un antecedente judicial relevante, pues los magistrados rechazaron por unanimidad la impugnación contra la orden de aprehensión, luego de analizar los argumentos presentados en el juicio de amparo.
No obstante, la negativa del amparo no equivale a una sentencia condenatoria ni acredita por sí misma la responsabilidad penal de Colín Huerta, cuya situación deberá resolverse dentro del procedimiento correspondiente.
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