AMLO pide no acusar a ministra para no convertirla en “mártir”

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, contrató a la exdirectora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva, Sonia Vargas Terrero, excolaboradora del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su llegada al Poder Judicial coincide con la liberación de cuentas de la esposa del exfuncionario, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Resulta que la presidenta de la corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna, [Sonia Vargas Terrero] fue directora de servicios generales; está en la investigación que se le sigue a García Luna. Ella participó en todos los contratos y la contratan desde el 1 abril 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte la contrató como directora del consejo de administración del Consejo de la Judicatura Federal”, dijo el presidente.

Agregó que la ex directora de Servicios Generales de la Policía Federal Preventiva está siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en los contratos que firmó Genaro García Luna, presuntamente obteniendo beneficios de manera ilegal.

También acusó que la llegada de Vargas Terrero al Consejo de la Judicatura Federal coincidió con el descongelamiento de cuentas bancarias que había ordenado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra, aunque reconoció que no podía sostener esas acusaciones.

“¿Cuándo entra a trabajar ahí y cuándo fue que un juez o un magistrado descongela las cuentas de la esposa de García Luna? Pues coincide que ya estaba esta señora ahí, digo, no estoy asegurándolo, pero, a ver, ¿cuándo entró y cuándo toman la decisión de descongelar las cuentas?”, cuestionó el mandatario.

Dijo que apoyado en esta información es que volvió a presentar un decreto para que las obras del gobierno federal se consideren de seguridad nacional e interés público, porque con eso se evita que se puedan promover amparos para suspender los trabajos.

“Entonces tomamos la decisión en el Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público, y ¿por qué nos preocupa? Porque si se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional es porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos”, justificó el mandatario.

“Hay un despacho de la organización de Claudio X. González donde esta Gómez Montt, está Cosío y está un abogado, Carvajal, y otro abogado que es el que da la cara y es el que ha presentado todos los amparos. Un señor [Gerardo Carrasco Chávez] y todos ellos forman parte de esta organización que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos”, concluyó.

CJF acepta contratación; no está sancionada, dice

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, contrató a una “excolaboradora” del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que la actual funcionaria laboró en dicha administración, aunque no directamente, y aclaró que no cuenta con sanción alguna

en su contra.

Por medio de una ficha curricular, el CJF precisó que Sonia Vargas Terrero, directora de Control de Nóminas y Prestaciones en la Coordinación de Administración Regional, sí fungió en diversos cargos al interior de la Policía Federal (PF) desde julio del 2000 hasta enero de 2013.

Se indica que entre 2008 y mayo de 2010 fue directora General de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura cuando Luis Cárdenas Palomino estuvo al frente de la División de Seguridad Regional y de la Coordinación de Inteligencia de Prevención del Delito, de la PF, que fue un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, cuyo titular fue García Luna entre 2006 y 2012.

De julio de 2011 a enero de 2013 fue directora general de Enlace de la Secretaría General con la Coordinación de Servicios General en la PF, donde se especificó que “no cuenta con ninguna sanción administrativa emitida por órganos fiscalizadores”.

Además, precisa que el cargo que hoy ocupa dentro del CJF lo asumió desde marzo de este año y no desde enero, como lo aseguró el vocero de la Presidencia al titular del Ejecutivo federal.

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AM