El gobierno de Estados Unidos instaló carpas en la ciudad fronteriza de Texas, donde el lunes se comenzaron a procesar las solicitudes de asilo, principalmente de migrantes centroamericanos, cubanos y africanos, quienes son obligados a esperar la resolución en México.
La corte en Laredo abrió con un juez que atendió casos a través de una videoconferencia. Los detractores del sistema criticaron el procedimiento debido a que es cerrado al público y dificulta el acceso a los abogados para brindar representación legal.
Uno por uno, los migrantes ingresaron a la carpa y dijeron que tenían miedo de ser enviados de regreso a México. El grupo incluía a una mujer hondureña que cargaba a su hija de cuatro años de edad, a un salvadoreño que dijo que huía de amenazas de muerte y a otro hombre que dijo que se ocultaba mientras esperaba una oportunidad para ingresar a EU.
Los inmigrantes son parte de una política implementada por el gobierno del presidente Donald Trump llamada Protocolos de Protección a Migrantes, pero mejor conocida como el programa “Permanencia en México”. Los indocumentados conversaron por video con un juez de San Antonio, a donde tenían que trasladarse los observadores que quisieran monitorear las audiencias.
La jueza Yvonne González tenía 52 casos en su expediente. Del otro lado de la pantalla, 26 personas se presentaron al tribunal en Laredo. González podía verlos a través del monitor instalado en su juzgado. Después de unos 20 minutos, la juzgadora se alistaba a terminar la audiencia cuando uno de los hombres levantó la mano y pidió la palabra. Ella le dijo que continuara.
El Dato: Autoridades estadounidenses prevén que se instale otra corte de este tipo en Brownsville, el corredor con mayor número de cruces fronterizos ilegales.
“Bajo ninguna circunstancia estoy en posición de pedirle algo”, dijo en español, de acuerdo con declaraciones distribuidas por el traductor de la corte. “Pero quisiera pedirle. Mi familia está aquí conmigo y tenemos miedo de quedarnos en México”.
Asimismo, la juzgadora González le comentó que atendería su caso más adelante. Entonces, una segunda persona también pidió la palabra y expresó su temor. Eventualmente, ocho personas expusieron sus casos.
Una mujer dijo que tenía que pagarle a alguien para que la llevara de regreso para su audiencia. Otra dijo que había sido secuestrada y robada.
The Associated Press no identificó a los migrantes que hablaron por cuestiones de seguridad.
González miró a los abogados del gobierno federal presentes en su juzgado y les preguntó sobre el papel de México en la situación. “¿Están ayudando con un lugar dónde quedarse?”.
Uno de los abogados, Kevin Terrill, respondió que no sabía la respuesta.
La jueza se reunió con los abogados del gobierno federal y después reanudó las audiencias. Le pidió a todos aquellos que tenían miedo de volver a México se pusieran al frente para que estuvieran más cerca de su pantalla. Posteriomente les indicó que un guardia de seguridad los llevaría a otra sala en la carpa para que pudieran ser procesados por otra agencia y determinar si serían enviados de vuelta a México.
En las carpas, que tuvieron un costo de 25 millones de dólares, se prevé atender a 200 personas por día.
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