CNDH gira recomendación a centros de reclusión para garantizar trabajo a presos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) giró una recomendación para las 32 entidades del país, y Secretarías de Estado, para garantizar el derecho al trabajo digno de las personas que se encuentran privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios de la República Mexicana.

La petición del órgano autónomo tiene el objetivo de acercar el trabajo a las personas privadas de la libertad, para que puedan tener un verdadero acceso a la reinserción social.

La recomendación está dirigida a las gobernadoras, gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; a los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, así como del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y las homólogas de la CNDH en los estados.

La dependencia detalló en su más reciente diagnóstico en 2018 que al menos en 15 centros federales no había actividades laborales, además en 84 por ciento de 165 centros penitenciarios hay limitantes para que las personas en reclusión puedan desempeñar trabajos. Otra de las carencias es que no hay impulso a actividades relacionadas al ramo de la producción o de la industria, así como falta de infraestructura que les ayude en su rehabilitación.

Por ello la CNDH señaló que hay insuficiencia de programas laborales, y desigualdad en las actividades a mujeres, lo que no permita su desarrollo en el campo laboral para posteriormente conseguir un trabajo.

De acuerdo al órgano autónomo, 18 mil 635 personas privadas de la libertad reciben un salario a cuenta de terceros por el trabajo realizado; de ellas, 17 mil 362 son hombres y mil 273 son mujeres; además 43 mil 930 no perciben un salario y más de 93 mil ejercen en autoempleo al interior de las cárceles.

A nivel nacional sólo 292 personas cuentan con seguridad social, mientras en grupos vulnerables 140 mujeres privadas de la libertad gozan del servicio de guardería en las prisiones, y alrededor de 2 mil 749 personas indígenas realizan actividades laborales, y 388 personas con discapacidad privadas de la libertad efectúan algún trabajo.

RFH