La Cámara impugna freno a revocación

La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato.

“Con las facultades que me confiere la ley como Presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la SCJN, en contra del acuerdo emitido por el INE en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”, informó el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna. 

En un comunicado, la Cámara de Diputados expuso que se solicitó la suspensión del acuerdo para el efecto de que el Instituto se abstenga de posponer de forma temporal cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y continúe con la organización, así como el desarrollo de la totalidad de las actividades de este ejercicio de democracia participativa hasta su conclusión.

En tanto, manifestó que después de un detallado análisis jurídico realizado por este órgano del Congreso de la Unión, se observaron diversas irregularidades constitucionales que invaden el ámbito de competencia de esta Cámara en ejercicio de sus facultades exclusivas en materia presupuestal y de sus facultades legislativas en materia de revocación de mandato.

Además, argumentó que se detectaron afectaciones a derechos fundamentales de carácter político de la ciudadanía, concretamente al derecho a participar en procesos de revocación de mandato.

El diputado Gutiérrez Luna, de Morena, anunció la semana pasada que también presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del INE por las posibles responsables administrativas y legales por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

“La Ley Federal de Revocación de Mandato establece claramente que el Instituto Nacional Electoral deberá garantizar la realización del ejercicio de la revocación de mandato y para ello, dice la ley, hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios”, manifestó en un video el pasado viernes.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero le pidió al presidente de la Cámara de Diputados respaldar la controversia constitucional contra el decretazo, al igual que hizo con la revocación de mandato.

“Insisto, amigo Sergio Gutiérrez Luna, ya que estás en modo Defensor Constitucional, ¿Por qué no aprovechas para presentar una Controversia Constitucional contra el decretazo presidencial a todas luces inconstitucional? ¿O no te dejan medir con la misma vara?”, escribió en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la facultad de interponer una controversia constitucional ante la SCJN, aunque los legisladores también pueden presentar una solicitud por escrito ante la Junta de Coordinación Política, la cual solicitará a la Mesa Directiva que el área jurídica de la Cámara emita, en un plazo no mayor de cinco días, una opinión técnica sobre los argumentos para la procedencia o improcedencia de la misma.

En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió las impugnaciones presentadas por la organización Que Siga la Democracia y por el diputado federal del PT, Benjamín Robles Montoya, por las medidas cautelares aplicadas por el INE.

La Sala Superior registró el recurso presentado por la organización simpatizante del guinda en contra de las medidas cautelares que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE luego de que el PAN acusó que los auxiliares registrados por la asociación civil presentaron apoyos con diversas inconsistencias.

La organización demandó que se revirtiera la determinación tomada por la comisión del INE y su recurso quedó registrado en el expediente SUP-REP-512/2021 del TEPJF, el cual fue turnado al magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera.

En tanto, el diputado federal Benjamín Robles Montoya también impugnó la resolución de la Comisión de Quejas, que declaró como procedente la solicitud de adopción de medidas cautelares formulada por el Partido de la Revolución Democrática en contra de Morena y funcionarios, por el presunto uso indebido de recursos públicos para la recolección de firmas para apoyar la revocación.

El TEPJF registró el documento del legislador federal en el expediente SUP-REP-510/2021, que fue turnado a la magistrada electoral Mónica Soto.