Víctimas no recibieron ayuda por el delito
ONU denuncia tortura en Aguascalientes entre 2010 y 2014
Dio a conocer que 40 personas fueron sometidas a tortura por parte de funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado; recomendó eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa
Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció actos de tortura por parte de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes entre los años 2010 y 2014.
Además, recomendó al Congreso de la Unión impulsar la derogación de la figura del arraigo en la Constitución, así como eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, a la luz de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
En conferencia detalló que la ONU detalló los casos de 40 personas -33 hombres y siete mujeres- y concluyó que habían sido sometidos a tortura por parte de funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado en cuatro años.
“Los actos de tortura y malos tratos ocurridos en Aguascalientes en ese periodo siguen sin ser atendidos adecuadamente, ya que los responsables siguen sin ser sancionados ante la justicia y las víctimas aún no reciben una reparación proporcional al delito cometido”, explicó.
En todos estos casos, las personas presentaron numerosas lesiones físicas o psicológicas, compatibles con afectaciones resultado de la tortura y que fueron corroboradas con 24 de los testimonios ofrecidos.
El funcionario de a ONU detalló que hasta el momento los perpetradores no han sido llamados a rendir cuentas de los hechos, mientras que las víctimas siguen con secuelas ante la falta de justicia. “En México esta generalizada la práctica de tortura y casos como los ocurridos en Aguascalientes lo confirman, ya que la tortura no es algo pasajero, sino directo y planeado”, detalló.
Fernández Maldonado dijo que entre 2010 y 2014 no hubo una procuración de justicia incompatible con los derechos humanos en Aguascalientes, ya que se replicó el discurso del gobierno federal en ese entonces; pues se promovió la idea de realizar acciones de mano dura, aunque esto generó violaciones a las garantías individuales.
Además, comentó que se registraron amenazas a jueces y familiares de víctimas para evitar que realizaran denuncias.
FBPT
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