UIF exhibe red de lavado de García Luna para hacerse de 745.9 mdd

En el juicio que se sigue por la vía civil en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Miami, Florida, se han acreditado bienes por casi 746 millones de dólares a través de familiares, socios y empresas ligadas al exfuncionario, aseguró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al exhibir la presunta red de corrupción del exfuncionario, Gómez Álvarez expuso el entramado de cómo generó beneficios con 30 contratos multimillonarios que obtuvo con el gobierno federal y la ruta financiera que utilizó para llevar el dinero de las ganancias a paraísos fiscales.

Pablo Gómez explicó que se trató de un conglomerado empresarial-familiar que obtuvo 30 contratos con oficinas gubernamentales en México por 745.9 millones de dólares y se siguió el recurso de otras operaciones, con lo que fue posible identificar que estos beneficios fueron trasladados al extranjero a través de paraísos fiscales y se usaron para adquirir bienes inmuebles.

Luego de identificar la red, su forma de operación, los montos y ruta que siguieron los recursos, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el 2019, por delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa.

“El 21 de diciembre de 2021 se presentó la demanda civil ante la corte de Miami, para recuperar los recursos adquiridos y ubicados en Estados Unidos”, señaló Gómez Álvarez.

El funcionario detalló que una operación por 10 millones de dólares reveló los malos manejos de García Luna, pues se giró el dinero directamente al exsecretario de Seguridad Pública, lo que abrió la posibilidad de iniciar el juicio civil para reclamar los recursos.

“En el caso de García Luna, se pudo, por el conducto que tomaron para llegar a Miami, el que él se fue allá, y el que este conglomerado empresarial del que estamos hablando de Miami le dio abiertamente una transferencia de 10 millones de dólares a García Luna, y entonces en ese momento dijimos: agarrarle la mano y decir ya te caché. Ese fue el elemento más importante para abrir el proceso civil y reclamar todos los bienes”, abundó el titular de la UIF.

Entre los integrantes de la presunta red de García Luna se encuentran su esposa, Linda Cristina Pereyra; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Alexis Weinberg Pinto; Sylvia Donna Pinto de Weinberg; Natan Wanciert Taub; José Francisco Niembro González, y Martha Viginia Nieto Guerrero de Niembro, quienes a través de 44 empresas triangularon los recursos y adquirieron diversos inmuebles, así como bienes muebles que luego fueron vendidos.

Las propiedades van desde algunas con valor de medio millón de dólares hasta cerca de dos millones de dólares. El monto total de los condominios y casas identificadas asciende a más de 17 millones de dólares.

Entre los bienes muebles, cuyo valor superó los 21 millones de dólares, destaca una colección de vehículos de lujo, clásicos y de uso cotidiano, que mantenían las compañías involucradas en este proceso, como Ferraris, Lamborghinis, Audis, Jeep, Mustang y Mercedes Benz, entre otros.

De acuerdo con Pablo Gómez, las empresas creadas por García Luna obtuvieron contratos con instituciones de seguridad en el país, a las que presuntamente ofrecían servicios de consultoría y asesorías.

El funcionario se refería a 30 contratos otorgados entre los años 2009 y 2016 a empresas ligadas a García Luna y sus socios; es decir, mientras era secretario de Seguridad Pública e incluso cuando había dejado de serlo.

La mayoría de los contratos, 20 de ellos, fueron obtenidos durante el mandato de Enrique Peña Nieto y el resto cuando era funcionario público en la administración de Felipe Calderón.

Cuando ocupó el cargo, sus empresas obtuvieron 10 contratos: cinco con la Policía Federal y cinco con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

A partir del 2013, ganaron 20 contratos, de los cuales 14 se los otorgó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cinco el OADPRS y uno la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

El contrato más grande, que alcanzó 170 millones de dólares, se firmó en 2014 entre el Cisen y la empresa NUNVAN Technologies Inc. El resto de los contratos se firmaron con otras compañías como Nice Systems LTD, Glac y NUNVAN Inc, que obtuvieron recursos por un total de 745 millones 879 mil 384 dólares, de acuerdo con la información proporcionada por la UIF.

Derivado de esos contratos, García Luna y sus socios obtuvieron importantes recursos que, casi en cuanto se cobraban, eran enviados a paraísos fiscales, principalmente Barbados, de donde procedían a enviar diversas cantidades a Florida y luego los empleaban para adquirir casas, departamentos y autos, entre otros bienes.

“Los beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro, mediante la utilización de paraísos fiscales y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida”, resaltó Pablo Gómez.

El gobierno identificó estas operaciones y procedió a bloquear a todos los involucrados, impidiendo que pudieran acceder al sistema financiero nacional, a la vez que presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), concluyó Gómez Álvarez.

El juicio civil que emprendió la UIF, para recuperar el dinero descrito, es adicional al proceso penal que se sigue en Brooklyn en contra de Genaro García Luna, por delitos de narcotráfico y falsedad de declaraciones.