Congreso no ha cumplido transitorio constitucional

Murayama reprocha retraso de “¡431 días!” en ley de revocación; niega que INE busque legislar

Ciro Murayama, consejero electoral, aseguró que se busca conocer cómo se organizaría el ejercicio de revocación de mandato en ausencia de una ley que lo ampare

MÉXICO
El debate de la revocación de mandato está en la agenda legislativa.Foto: Archivo.
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  • La Razón Online

El consejero electoral Ciro Murayama aseguró que el Congreso lleva 431 días incumpliendo el transitorio constitucional que se impuso para hacer la ley de revocación de mandato, por lo que negó que el Instituto Nacional Electoral (INE) busque legislar, sino mencionar cómo organizaría el ejercicio ante la ausencia de la ley.

El Instituto Nacional Electoral no busca legislar, sino decir cómo organizaría tal revocación ante la ausencia de ley. Si todos cumplieran con sus deberes...

Ciro Murayama, consejero electoral

A su vez mostró en su cuenta de Twitter, un documento en el que se detalla que en los siguientes 180 días a la publicación del decreto de revocación de mandato, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley a la que se refiere el Apartado 8 de la Fracción IX del artículo 35 de dicha ley.

El 20 de diciembre de 2019, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, el cual tiene como objetivo establecer, como obligación y derecho, el participar y votar en el proceso, así como esclarecer que se podrán consultar temas de trascendencia regional y que son de competencia de la Federación.

María de los Ángeles Huerta del Río, legisladora de Morena, lamentó que la oposición no aprobara el periodo extraordinario para abordar la Ley de revocación de mandato y de juicio político, ya que desean que se haga con lineamientos aprobados por el INE y no por los diputados federales.

La Razón publicó este sábado que el INE solicitó tres mil 800 millones de pesos para realizar la revocación de mandato, lo cual supera hasta siete veces más los 528 millones de pesos que costó la consulta popular para expresidentes.

Además, los consejeros detallaron que hacen presupuestos conforme a lo que establece la Constitución mexicana y la legislación vigente, toda vez que al no haber una ley secundaria para la revocación, el órgano autónomo tiene la obligación de hacer una proyección para dar certeza respecto de los recursos.

kf