La iniciativa de reforma educativa, enviada ayer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, suspende todas las evaluaciones docentes y propone que la SEP sea la encargada de nombrar a los consejeros del Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, organismo que sustituye al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En el documento se califica al INEE como un organismo que se percibió como instrumento percutor para el magisterio, razones por las que lo cancela, así como la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Ante ello, contempla la creación de un centro nacional con atribuciones para emitir lineamientos para elaborar programas de actualización y formación continua del magisterio; establecer y aplicar criterios con los que se verificarán resultados y presentar propuestas a autoridades educativas para tomar en cuenta los resultados de sus mediciones.
En el párrafo IX del 3 Constitucional, uno de los artículos con cambios en la nueva reforma, se establece que este centro “contará con autonomía técnica que contribuya a la mejora de la educación, a través de estudios, mediciones e investigaciones especializadas”.
El centro estará encabezado por un Consejo Directivo de siete miembros “designados por la autoridad educativa federal”, y contará con un Consejo Consultivo conformado por docentes.
Además, profesores, padres de familia, representantes de organizaciones civiles, así como investigadores y expertos serán quienes asesoren al Consejo Directivo que encabezará el Centro.
“(La reforma) es equivalente a que de nuevo la Secretaría de Gobernación sea la que organiza las elecciones y cuenta los votos”
Teresa Bracho
Presidenta del INEE
El proyecto, que también modifica los artículos 31 y 73 de la Carta Magna, contempla que a partir de la entrada en vigor de las reformas “quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros, así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo que derive de evaluaciones realizadas con anterioridad”.
También prevé la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas expedidas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
RECLAMO DEL INEE. Por la mañana, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, aseguró que la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el organismo “representa un atentado del nuevo gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y, en particular, contra los órganos constitucionales autónomos”.
En conferencia de prensa realizada luego de una sesión extraordinaria, Bracho González agregó que desaparecer el INEE “es equivalente a que de nueva cuenta fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos”.
Reiteró que no se debe dejar la evaluación de los diferentes componentes del sistema educativo nacional en la propia autoridad que es la encargada de prestar el servicio educativo, “porque conocemos de sus limitaciones e imprecisiones”.
El Dato: Para Teresa Bracho, presidenta del INEE, la labor evaluativa es una de las grandes virtudes de la construcción del país.
Acompañada por el resto de los consejeros, Bracho González aseveró que el país ha avanzado mucho en evitar que la autoridad sea juez y parte en materia educativa.
La funcionaria afirmó que el Instituto continuará cumpliendo con su mandato legal en tanto se mantengan en vigor las normas constitucionales que lo rigen actualmente.
Adelantó que una vez que la Junta de Gobierno del INEE conozca el contenido y los detalles de la iniciativa que ayer firmó el Ejecutivo, habrá un nuevo pronunciamiento institucional.
Plan de transformación
El proyecto impulsa fortalecimiento del sector a partir de ejes distintos.
Consultar ante cualquier cambio en la materia a los actores centrales, que son los maestros.
Impulsar una educación de excelencia a través de programas de actualización continua.
Frenar las afectaciones laborales y administrativas del magisterio y revalorar la labor docente.
Incorporar elementos acordes a la nueva etapa de desarrollo educativo.
Abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y establecer estímulos.
Implementar políticas enfocas a evitar la deserción y fomentar su permanencia.
Ven exclusión de autonomía universitaria
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que la reforma educativa que envió el Ejecutivo ayer a San Lázaro prevé eliminar la autonomía a las instituciones de educación superior, disposición que se garantiza en el artículo 3 constitucional.
“#Reformaeducativa2018 aniquila autonomía universitaria. Va texto vigente vs. texto propuesto de la fracción VII del artículo 3 constitucional”, escribió en su cuenta de Twitter.
La propuesta quita la fracción VII en la que se garantiza que estas instituciones tienen la facultad de gobernarse; actualmente indica que: “las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”.
La iniciativa elimina ese texto para dejar la fracción VII de la siguiente manera: “la impartición de la educación se realizará con apego a los fines y criterios que establecen en el párrafo primero para alcanzar el bienestar de la población”.
Con información Elizabeth Osorio
