Organizaciones civiles obtienen suspensión provisional contra reforma a Guardia Nacional

Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos obtuvieron una suspensión provisional hasta que se resuelva un juicio de amparo para que se declare “inconstitucional” el decreto publicado por el Presidente de la República, con el cual oficializó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de interponer 53 amparos colectivos en contra de este decreto publicado el 9 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Juzgado Noveno de la Décimo Sexto Circuito radicado en Irapuato, Guanajuato, resolvió otorgar esta medida.

En el expediente con el número 1161/2022, las autoridades del juzgado revisaron y determinaron esta suspensión provisional, cuya medida es de carácter excepcional de manera provisional, a favor de las organizaciones de la sociedad civil quienes interpusieron el juicio de amparo.

De acuerdo con un documento firmado por Juan Antonio Ochoa Sada, vocero de Uniendo Caminos México, las organizaciones y firmas jurídicas que se sumaron a esta petición fueron “Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México y Unión Cívica 1 país, Firma Jurídica, AC&AC Asociados, Tojil Eek”, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, quienes iniciaron desde los meses de septiembre y octubre la interposición de 53 amparos colectivos en contra del decreto presidencial.

El decreto contra el cual se solicitó el amparo establece que la Guardia Nacional quedará bajo el mando de la Sedena, quien tendrá la facultad de proponer adecuaciones a la estructura orgánica de ese cuerpo de seguridad; expedir manuales de organización, de procedimientos y de servicios públicos; y elaborar programas operativos y estrategias, así como la distribución territorial de ese grupo.

A través de la organización Uniendo Caminos México, los firmantes de los amparos establecieron que estas acciones se realizan desde hace tiempo y van encaminadas para evitar la militarización del país.

Recordaron que siempre se han mantenido en la lucha jurídica en favor de normas que vayan en contra de la militarización de la seguridad pública en el país, porque, acusan, esa no es la solución.

Señalan que lo correcto es que las Fuerzas Armadas puedan trabajar y colaborar en conjunto con la seguridad pública civil, pero sin mantener el mando de las operaciones y las funciones como sería en este caso de la Guardia Nacional, la cual, señalan, no fue creada con esa naturaleza.  

AM