CIDH acusa “intromisiones graves” en el caso Iguala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que en su momento el Estado tuvo la capacidad de explicar con veracidad el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, pero los agentes estatales que lideraron las investigaciones tomaron la decisión de desplegar un encubrimiento y evasión de responsabilidad.

“Eso tiene que servir en la hoja de ruta para que la investigación llegue a buen término. Pronto las judicializaciones deberán crecer y las Fiscalías deben estar preparadas para el procesamiento de las responsabilidades”, explicó Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México.

En conferencia desde la Normal Raúl Isidro Burgos en Guerrero, aseguró que frente a los avances en el caso Ayotzinapa, se tienen preocupantes desafíos que ponen en riesgo la obtención de justicia en el caso.

Señaló que si bien hay avances por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj), se han identificado obstrucciones de la justicia por parte de la mal llamada “verdad histórica”, como la implantación de los restos óseo en el Rio San Juan, testimonios bajo torturas, entre otras, para engañar a las familias, sociedad en general y organizaciones que lo analizan.

“Necesitamos tener un contexto de lo que fue en su momento y lo que es hoy el caso Ayotzinapa, para comprender nuestro informe y saber qué remedios se pueden ofrecer para avanzar en los análisis. Las organizaciones han logrado reencauzar la investigación para que se llegue a la verdad, ya que es un crimen de Estado”, indicó.

Señaló que la CIDH durante las últimas semanas advirtió sobre la afectación a la autonomía de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UELCA) que encabezaba Omar Trejo, ya que consideraron que podría dañar la investigación y comprometer la legitimidad ganada.

Dijo que la solicitud de captura del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam por otras autoridades ajenas, así como el desistimiento de 22 órdenes de aprehensión de modo inconsulto, constituyen intromisiones graves, ya que dichos actos constituyeron la salida de Omar Trejo y de los agentes que ya tenían un vasto conocimiento, lo que se verá en una afectación.

“Nos referimos también al informe de la Covaj con capturas de pantalla, ya que no fue compartido con el GIEI, ni se verificó su realidad. Pensamos que fue un error en la investigación”, dijo.

Esmeralda Arosemena de Troitiño indicó que se debe reforzar la capacitación al personal que se encuentra en la investigación para lograr mejores avances, aparte de que se deben judicializar las detenciones, por ello, aseveró que el Estado debe generar confianza en los análisis, así como las colusiones de las autoridades en Guerrero con los grupos criminales, ya que en ese contexto desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.