Primero Hollywood, luego el Parlamento Europeo y ahora Naciones Unidas. La cultura del acoso sexual en la que todo vale, las denuncias de las víctimas son ignoradas y los verdugos actúan con total impunidad también es el día a día en los despachos de la mayor organización internacional del mundo.
La noticia fue revelada por el rotativo británico The Guardian, que hizo eco de las denuncias de decenas de empleadas que describen una cultura de silencio y un sistema de quejas defectuoso que juega en contra de las víctimas.
De entre los muchos trabajadores entrevistados por el diario en las oficinas de más de diez países, quince aseguran haber experimentado o denunciado acoso o agresión sexual en los últimos cinco años.
Los supuestos delitos van desde acoso verbal hasta violación. Siete de las mujeres habían informado formalmente sobre lo sucedido, aunque la mayoría opta por no hacer nada al respecto por temor a perder su trabajo o asumir que no se tomarán medidas.
El Dato: Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2017, la ONU recibió 31 denuncias de abusos sexuales cometidos por personal de la organización.
“Si informas sobre ello, tu carrera profesional habrá terminado, especialmente si eres consultor”, asegura una trabajadora que alega que fue acosada por su supervisor mientras formaba parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
“Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello”, matiza.
Las declaraciones son prácticamente idénticas a las que ofrecían a finales del año pasado los trabajadores de West-minster, donde todos los partidos salieron salpicados por un escándalo de abusos que terminó con la carrera del ministro de Defensa, Michael Fallon, y el viceprimer ministro, Damian Green.
Desde la ONU aseguran que existe preocupación al respecto, aunque insisten en que el secretario general, Antonio Guterres, “priorizó el abordaje del acoso sexual y la defensa de la política de cero tolerancia”.
Con todo, las víctimas entrevistadas por The Guardian aseguran que no se puede hablar públicamente del tema, en parte, por las normas de la ONU, y, en parte, por temor a represalias.
Además se suma el hecho de que algunas agencias tienen un estatuto con limitación de sólo seis meses para presentar quejas.
Tres mujeres que denunciaron acoso o agresión sexual, todas de diferentes oficinas, aseguran que desde ese momento fueron obligadas a abandonar sus puestos o amenazadas con la rescisión de su contrato. Los presuntos agresores, que incluyen a un alto funcionario del organismo, permanecen sin embargo en sus cargos.
La noticia creó estupor a ambos lados del Atlántico dando aún más sentido a la campaña #Metoo (Yo También). El movimiento en las redes en las que mujeres de todo el mundo denuncian y comparten los casos de vejaciones y abusos en su lugar de trabajo empezó cuando salió a la luz el escándalo del productor Harvey Weinstein. Pero la campaña se ha extendido ahora a todos los ámbitos.
Entre los casos citados por The Guardian, está el de una mujer que alega que fue violada por un miembro del personal de un alto cargo de ONU mientras trabajaba en un lugar remoto.
MIEDO A REPRESALIAS. A pesar de la evidencia médica y los testimonios de testigos, una investigación interna del organismo no encontró pruebas suficientes para apoyar su denuncia. No sólo perdió su trabajo y su tarjeta de crédito, sino que pasó meses hospitalizada debido al estrés y el trauma. Además, teme que pueda enfrentarse a una persecución si regresa a su país de origen.
Por otra parte, en documentos internos vistos por el rotativo, dos mujeres muestran sus preocupaciones con la oficina de servicios de supervisión interna de la ONU (OSSI). Aseguran que no se entrevistó a testigos clave, que las transcripciones contienen errores y la información fue filtrada, mientras que a los presuntos agresores se les permitió permanecer en puestos de alto rango, con el poder de influir en los procedimientos en las pesquisas.
La ONU ha sido criticada durante mucho tiempo por no haber investigado adecuadamente los informes de abuso sexual y explotación por parte de sus equipos de mantenimiento de paz contra la población local, especialmente en la República Centroafricana y Haití. Los activistas denuncian una cultura de la impunidad en las oficinas, con las víctimas siendo silenciadas.
En casos que involucran la explotación de personas locales o que ocurren dentro de la ONU, las quejas son difíciles de seguir debido a la naturaleza internacional de la organización. Muchos altos funcionarios tienen inmunidad diplomática, lo que significa que pueden evitar los tribunales nacionales.
Incluso si los presuntos agresores no tienen inmunidad, los incidentes a menudo ocurren en países donde el sistema judicial es disfuncional.
Tras la noticia, la ONU publicó un comunicado donde se compromete a “fortalecer las capacidades para investigar informes y apoyar a las víctimas”.
Asimismo, la organización internacional asegura haber nombrado a un defensor de los derechos de las víctimas y establecido un grupo de trabajo de alto nivel sobre acoso sexual, para revisar las políticas y fortalecer las investigaciones.
La ONU también llevará a cabo una encuesta para medir el alcance del problema e introducir una línea de ayuda para las personas que buscan asesoramiento.
“Nadie cree que la ONU es diferente de cualquier organización, pública o privada, que se ha visto afectada por casos de acoso sexuales cuando han ocurrido”, agregó el portavoz Stéphane Dujarric.
“No escondemos el hecho de que ocurra en Naciones Unidas, como ocurre desafortunadamente en todo el mundo”, dijo.
Otros abusos en el seno de Naciones Unidas
Las recientes acusaciones en contra de la Organización de Naciones Unidas no han sido las únicas.
En 2014, decenas de soldados de las fuerzas de paz de Naciones Unidas, conocidas como Cascos Azules, fueron acusados de violar a cientos de mujeres, niñas y niños de República Centroafricana.
A pesar del escándalo y que en teoría ya entonces se tomaron medidas al respecto, de 2016 a 2017 hubo más de 140 acusaciones de explotación y abuso sexual por parte de trabajadores de la ONU y sus fuerzas de paz, con unas 300 personas afectadas, de acuerdo a las cifras del propio organismo internacional.
Por ejemplo, en enero de 2016, la ONG Human Rights Watch (HRW) documentó ocho casos de explotación y abuso sexual cometidos por soldados de la ONU en República Centroafricana, incluida la violación en grupo. Sin embargo, la ausencia de una respuesta coordinada por parte de la ONU se tradujo en un grave incumplimiento de las normas internacionales para entrevistar y proteger a las víctimas y remitirlas a los servicios necesarios.
En 2010 según reconoció la propia ONU, la epidemia de cólera que mató a 9,145 haitianos entró a través de los cascos azules nepalíes.
