La política migratoria y las redadas implementadas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, generan rechazo al acumular más demandas por la violación a los derechos de esa comunidad.
Una semana después de la segunda investidura del empresario, una congregación religiosa presentó un recurso legal en Maryland contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras revocar la norma que protegía espacios “sensibles” de operativos contra indocumentados, como escuelas, hospitales o iglesias, estrategia con la que el Gobierno busca garantizar más arrestos y deportaciones, como se prometió.
Democracy Forward argumentó que la medida no sólo viola garantías de ese sector, sino de la población en general, como una grave “amenaza”, y no descartan que después se apunte más allá de los centros de culto.
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En declaraciones a NBC News demandantes advirtieron la urgencia de “impugnar”, pues autorizar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a irrumpir en esos centros restringe la libertad de culto y de asociación y abre la puerta a más intrusiones en “espacios sagrados cuando quieran”, una conducta deliberada que, admiten, alejará a la gente de las iglesias, por falta de seguridad, pues podrían terminar detenidos o interrogados como sospechosos de irrumpir o estar ilegalmente en EU.
Pero no es la única demanda que enfrenta la gestión actual. La prensa reflejó que se presentó otra en un intento de poner un alto a las redadas que defiende el zar fronterizo, Tom Homan, al justificar que van tras personas con antecedentes y ya han localizado a asesinos y violadores, pero dichas acciones sólo generan más temor entre comunidades.
Ejemplo de ello es Chicago, una ciudad santuario contra la que el republicano apuntó inicialmente, ahí acusan que se actúa contra la primera enmienda y dañarán a vecindarios completos, lo que contrasta con los logros que anunció ICE, pues en una semana contabiliza dos mil 600 arrestos, con el día más fructífero por 956 capturas, aunque no se especificó si todos son candidatos a repatriación.
Dicha oficina, con respaldo incluso de la Administración de Control de Drogas (DEA) y otras agencias, redobla las medidas de seguridad, como su prioridad, al extender los operativos a San Diego (California), Miami (Florida) y ciudades de Texas, en las que permea el temor y el pánico por el endurecimiento de estas políticas y el riesgo de ser enviado de vuelta a un país del que huyeron por falta de oportunidades o la violencia.
Al respecto, activistas señalan que Donald Trump busca hacer de zonas santuario un ejemplo para intimidar a los llamados “invasores”.
Pero el estadounidense no sólo asienta las bases al interior del país sino fuera como ya pasó con Colombia.
Fuentes del Gobierno revelaron a Reuters que lo hecho por el magnate con su homólogo, Gustavo Petro, a quien doblegó para aceptar las repatriaciones muestra al mundo lo que pasa si no aceptan sus condiciones, pues un día después de que éste rechazara dos vuelos con “criminales”, ayer ya envió sus propias aeronaves, presuntamente hasta la presidencial, a San Diego y Houston para garantizar traslados humanos de quienes fueron aprehendidos en la potencia, enfatizando que no lograrán desafiarlo en sus planes, pues ayer también envió un avión militar con ilegales a Guatemala.
Y, pese a zanjar la polémica que incluyó la imposición de aranceles y hasta una caída en su moneda al inicio de las operaciones de ayer, el colombiano abogó ahora por enfrentar la crisis con otra perspectiva. Tras recalcar sus diferencias con Trump insistió en una publicación en X que no aceptarán imposiciones y deben actuar en conjunto al tratarse de una problemática regional, aunque al final cedió ante la visión del conservador para aceptar a los connacionales.
Pero explicó que no basta sólo con “deportar pueblos y criminalizarlos”, como hace el magnate, al sugerir que se encaminen por una ruta común ante los actos indignos con los que EU traslada a migrantes esposados, lo que anticipa que buscará ampliar dicha discusión en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista para esta semana.
En tanto, los colombianos ya sufren las consecuencias de la confrontación de su mandatario con Donald Trump.
Además del impacto económico por los aranceles que quedaron congelados, se reportó que otras restricciones sí entraron en vigor. Una de éstas fue que decenas no pudieron continuar con sus trámites para sacar o renovar su visa, pues Associated Press documentó que la embajada estadounidense en Bogotá cerró sus oficinas, lo que obligó a retornar a quienes hacían fila afuera de sus instalaciones; mientras que el periodista local Luis Carlos Vélez indicó que se ampliaron las verificaciones para colombianos que arribaron ayer a EU al compartir imágenes de una recepción diferente, en comparación con otros aviones.
