Para mostrar su mano dura y elevar las cifras de arrestos y deportaciones, la administración de Donald Trump demandó al estado “santuario” de Illinois por obstaculizar e interferir ilegalmente con su política contra la migración irregular.
El Departamento de Justicia arremetió contra el estado demócrata de JB Pritzker al acusar que al garantizar la protección de ciudadanos irregulares “discrimina” la estrategia del magnate, ya que no siguen el mismo enfoque tras la declaración de emergencia nacional para combatir estas “invasiones” y el tráfico de drogas.
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Con lo que la oficina que recientemente asumió Pam Bondi pone en evidencia que va en serio contra los llamados lugares santuario y reducir su financiamiento, pues el proceso también apunta contra la ciudad de Chicago y el condado de Cook, cuyas normas chocan con el plan nacional, pues en el último punto no colaboran en las llamadas redadas.
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Y afines al líder republicano aprovecharon para culpar a la oposición de permitir que presuntos criminales sigan libres en las calles cometiendo delitos, lo que recuerda que la gestión conservadora ya firmó su primera ley, Laken Riley, para ir tras ilegales acusados de delitos menores o algún tipo de agresión contra las autoridades.
Pero ni la advertencia de ir contra más zonas santuario las intimida y ayer desafiaron a la Federación al abundar que mantendrán la aplicación de la ley actual.
El vocero estatal, Alex Gough, reprochó el tipo de crímenes que prioriza EU al cuestionar al presidente por qué en vez de trabajar en conjunto prefiere “dificultar la protección del público, como lo hizo cuando indultó a criminales condenados por el 6 de enero”, en referencia a la insurrección de hace cuatro años.
Mientras que Chicago ratificó su compromiso para ser “una ciudad acogedora” con su comunidad, sin distinguir entre legales o indocumentados.
