Hay toque de queda y tensión social

Toque de queda en Los Ángeles por protestas

Busca alcaldesa evitar que malos utilicen “escalada caótica” de Trump; gobernador demanda para frenar uso de GN. Magnate llama “basurero” a LA y promete liberarlo; promueve abucheos de soldados a Biden y a Newsom. Realiza ICE redada en planta procesadora de carne en Nebraska; detienen a cerca de 100 trabajadores

La alcaldesa de LA, Karen Bass, habla durante una vigilia en Grand Park, ayer.
La alcaldesa de LA, Karen Bass, habla durante una vigilia en Grand Park, ayer. Foto›Reuters

Una ola de tensión política, judicial y social sacude California tras la declaratoria de emergencia local y el toque de queda parcial emitido por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en respuesta a los disturbios ocasionados por redadas migratorias y protestas masivas. La medida, que restringe el tránsito en una milla cuadrada del centro de la ciudad desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., coincide con el arribo de 700 marines enviados por orden del presidente Donald Trump.

Desde Fort Bragg, Carolina del Norte, el mandatario describió a Los Ángeles como un “montón de basura” y justificó su decisión aludiendo a una supuesta “invasión extranjera”. En un discurso cargado de descalificaciones, llamó al gobernador de California “Gavin Newscum”. Mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sugirió que el gobernador debería ser “alquitranado y emplumado”, lo que provocó una reacción inmediata de Newsom, quien dijo “me alegra saber que omitimos el arresto y pasamos directamente a las formas de castigo del siglo XVIII”.

Más tarde, el gobernador declaró: “La democracia está bajo ataque ante nuestros ojos”, al tiempo que, junto al fiscal general Rob Bonta, presentó una demanda para bloquear el despliegue militar. Aunque la petición inicial de una orden de restricción fue rechazada por el juez federal Charles Breyer, se programó una audiencia pública para el jueves 12 de junio. El proceso podría sentar un precedente clave sobre los límites del poder federal sobre los estados.

  • El Dato: El toque de queda no aplica a residentes que viven en el área designada, personas sin hogar, periodistas acreditados o funcionarios de seguridad pública y emergencias.

REACCIÓN LOCAL Y FEDERAL. La alcaldesa Bass defendió la decisión del toque de queda, con el argumento que el vandalismo ha causado severos daños a negocios locales. Informó que 197 personas han sido arrestadas, incluyendo 67 por bloquear ilegalmente la autopista 101. Insistió en que el despliegue de la Guardia Nacional fue innecesario.

Bass afirmó que la intervención federal convirtió a Los Ángeles en un “experimento” para una posible toma de control federal en otras ciudades del país. “Cuando se asusta a los inmigrantes y ellos no quieren venir a trabajar, se está atacando el corazón de nuestra economía local”, dijo. También denunció que personas con residencia legal han sido detenidas durante las redadas, lo que alimenta el miedo entre comunidades migrantes.

En una conferencia, Bass declaró: “El jueves de la semana pasada, Los Ángeles estaba en paz. No había nada que justificara la intervención militar que tuvo lugar al día siguiente”.

  • 100 Inmigrantes fueron detenidos ayer en procesadora de carne en Omaha

A nivel nacional, las reacciones no se hicieron esperar. En Nueva York, la concejal Shahana Hanif acusó al alcalde Eric Adams de colaborar con Trump y pidió fortalecer el estatus de ciudad santuario. Mientras tanto, en Omaha, Nebraska, manifestantes reaccionaron violentamente a una redada en una planta de carne, lanzando objetos a los vehículos de ICE y tratando de bloquear la salida de autobuses con trabajadores detenidos.

El poder presidencial. Mientras tanto, el conflicto ha escalado al ámbito judicial. El juez Charles Breyer, hermano del exmagistrado de la Corte Suprema Stephen Breyer, deberá decidir si emite una orden de restricción temporal para limitar la actuación de los marines y la Guardia Nacional en funciones de control migratorio.

Los abogados del estado de California argumentan que la intervención federal viola la soberanía estatal y representa un uso sin precedentes del ejército contra civiles. Por su parte, la administración Trump sostiene que el presidente tiene la autoridad para emplear tropas en contextos de “amenaza interna”, incluyendo disturbios civiles.

  • 700 marines estadounidenses llegaron a Los Ángeles

La controversia se agudizó cuando Trump insinuó que podría invocar la Ley de Insurrección, una medida extrema que permite desplegar militares para sofocar rebeliones internas. Aunque no confirmó su uso, dejó abierta la posibilidad. “Si hay una insurrección, sin duda la invocaré”, dijo desde la Oficina Oval.

Durante ese mismo discurso, Trump negó haber acusado directamente a Karen Bass o Gavin Newsom de financiar protestas, pese a haberlo insinuado en eventos anteriores. También usó el contexto de los Juegos Olímpicos de 2028, que tendrán lugar en Los Ángeles, como justificación para su accionar: “Se acercan los Juegos Olímpicos. Debemos garantizar que la ciudad esté limpia, segura y en control”.

Activistas de derechos humanos y académicos han señalado que el uso del ejército en ciudades civiles abre un camino preocupante hacia la militarización de la vida pública. Gregorio Muñoz, profesor de derecho constitucional en la Universidad de California, advirtió: “Si no se frena esta acción ahora, podríamos ver tropas federales en cada estado donde haya oposición al Ejecutivo”.

  • El Tip: Las protestas comenzaron el viernes pasado después de que redadas federales de inmigración arrestaran a trabajadores en LA.

Donald Trump también señaló que quienes protesten en el desfile militar previsto en Washington este sábado se enfrentarán a “una fuerza muy fuerte”. Esto ha encendido alarmas entre organizaciones civiles que planeaban manifestaciones nacionales.

En cuanto al costo económico militar, el secretario de Defensa, Pete Hegseth y un alto funcionario de defensa, señalaron que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina en Los Ángeles costará al menos 134 millones de dólares y durará los próximos 60 días, “queremos asegurarnos de que esos alborotadores, saqueadores y matones del otro lado que atacan a nuestros oficiales de policía sepan que no nos iremos a ninguna parte”.

Los Ángeles se ha convertido en el escenario principal de una disputa que va más allá del control migratorio. Se trata de un choque frontal entre un gobierno estatal que intenta defender sus competencias y una presidencia autoritaria que impone su voluntad bajo el argumento de la seguridad nacional.