Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos dictaminó ayer que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es inconstitucional. El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, confirma la decisión previa de un juez federal en Seattle que bloqueó su aplicación en todo el país.
El panel de tres jueces respaldó con una votación de 2-1 la postura del tribunal inferior, que determinó que la orden violaba la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución. Esta disposición establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”.
- El Dato: El fallo mantiene vigente la protección constitucional para nacidos en EU, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
La orden ejecutiva de Trump pretendía negar la ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres no tuvieran estatus migratorio legal o se encontraran en el país sólo de forma temporal. De haberse aplicado, habría afectado a miles de familias y generado un nuevo criterio migratorio que contradice precedentes históricos, como el caso de 1898 en el que la Corte Suprema reconoció como ciudadano a un niño nacido en San Francisco de padres chinos.
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Los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos nombrados por el expresidente Bill Clinton, concluyeron que “la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”. También afirmaron que el tribunal de distrito no abusó de su facultad al emitir una orden judicial de alcance nacional, dada la necesidad de evitar una aplicación fragmentada del derecho a la ciudadanía.
El fallo representa un revés para la administración Trump, que ha sostenido que la frase “sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos” implica que no todos los nacidos en suelo estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía. Según el Departamento de Justicia, excluye a hijos de personas ilegales.
Washington, Arizona, Illinois y Oregón argumentaron que una política migratoria por región causaría problemas de implementación.
