La decisión de Donald Trump de imponer sanciones al magistrado Alexandre de Moraes y de aplicar aranceles del 50% a las importaciones brasileñas ha desatado una tormenta política entre Washington y Brasilia. La medida, anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, marca una intervención sin precedentes en el sistema judicial de la principal democracia sudamericana, que provocó una reacción inmediata del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de diversos sectores políticos brasileños, tanto de izquierda como de derecha.
Moraes, integrante de la Corte Suprema y pieza central en la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunto intento de impedir el relevo presidencial en 2022, fue señalado por Bessent como responsable de una supuesta campaña de censura y represión política. Las sanciones se enmarcan en la Ley Global Magnitsky, diseñada para castigar abusos graves de derechos humanos, y hasta ahora aplicada a funcionarios de regímenes autoritarios.
- El Dato: Trump ha reforzado la narrativa de que Bolsonaro es tratado de forma similar a como él mismo fue procesado tras el asalto al Capitolio en 2021.
El propio Trump justificó la medida en el contexto de lo que considera una persecución política contra su aliado ideológico. Poco después de anunciar las sanciones, firmó una orden ejecutiva que impone aranceles del 50% sobre diversos productos brasileños, aunque exentos algunos sectores estratégicos como el petróleo y la aviación. A su vez, la Casa Blanca emitió un comunicado acusando al gobierno brasileño de llevar a cabo acciones de “intimidación, censura y enjuiciamiento político” contra Bolsonaro y miles de sus seguidores.
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La respuesta desde Brasil no se hizo esperar. Lula denunció la acción como un acto injerencista, aseguró que su país “no negociará como nación subordinada”. En entrevista con el New York Times, el mandatario afirmó que las relaciones entre estados deben basarse en el respeto mutuo y rechazó que la presión estadounidense condicione el curso de la justicia brasileña: “Brasil tiene una Constitución, y el expresidente está siendo juzgado con pleno derecho a la defensa”.
Para los sectores bolsonaristas, en cambio, la reacción de Trump fue recibida como una victoria. Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario y diputado federal, celebró en redes sociales el respaldo de Washington y lo calificó como “una misión cumplida”. En las últimas semanas, Eduardo había encabezado gestiones diplomáticas en EU para buscar apoyo político ante la amenaza de una larga condena penal para su padre.
Desde el Congreso brasileño, José Guimarães, del Partido de los Trabajadores, consideró las sanciones “una afrenta a la soberanía”, mientras que Gleisi Hoffmann calificó la acción como “violenta y arrogante”. Incluso figuras conservadoras como João Amoêdo y Eduardo Leite cuestionaron la legitimidad de las medidas, consideraron que se trata de una interferencia externa en asuntos internos.
El presidente brasileño dejó abierta la puerta al diálogo comercial, pero reiteró que el futuro político de Bolsonaro no está sujeto a negociación. El juicio que enfrenta el exmandatario podría derivar en una condena de hasta 43 años de cárcel, acusación que ha sido calificada por sus defensores como una “cacería de brujas” orquestada desde el poder.
