Washington, D.C., vive uno de los despliegues de seguridad más visibles en su historia reciente. Ayer, la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, emitió una orden que amplía la cooperación de los oficiales locales con agencias federales de inmigración, en sintonía con la instrucción del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en la capital.
La orden permite compartir información sobre personas no detenidas, como en paradas de tráfico, y ofrecer transporte a agentes de inmigración y a individuos bajo custodia federal. Los cambios entraron en vigor de inmediato, en ausencia temporal de la alcaldesa Muriel Bowser, quien asistía a un compromiso familiar fuera de la ciudad.
- El Dato: Desde que Trump asumió el cargo en enero pasado, ha priorizado la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, una promesa de campaña
Ayer hubo un aumento notorio en la presencia de fuerzas federales y militares. Humvees se estacionaron frente a Union Station, y unos 800 miembros de la Guardia Nacional comenzaron misiones de vigilancia en monumentos, patrullajes comunitarios y acciones de embellecimiento. Según el Pentágono, no portan armas y su papel incluye disuadir el crimen y respaldar a las fuerzas del orden, sin realizar arrestos.
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Sin embargo, las operaciones federales ya han generado fricciones. El miércoles pasado por la noche, un retén en una zona de vida nocturna derivó en protestas y 45 arrestos, 29 de ellos vinculados con estatus migratorio irregular o delitos como drogas, armas y agresión a oficiales. La Casa Blanca aseguró que más de 100 personas han sido detenidas desde el inicio de la toma de control el pasado lunes.
Mientras tanto, alrededor de una docena de personas sin hogar abandonaron campamentos de larga data, asistidas por voluntarios, aunque persiste la incertidumbre sobre su destino. Vehículos y personal de la ciudad limpiaron los espacios una vez desalojados, mientras manifestantes expresaban rechazo a la presencia federal y a las políticas migratorias de Trump.
- 1,650 personas participan en el operativo policial en D.C.
La estrategia incluye a agentes de distintas dependencias: Investigaciones de Seguridad Nacional en el corredor de U Street, la DEA en el National Mall y en Navy Yard, así como el FBI en la avenida Massachusetts. El presidente calificó la nueva política policial como “un gran paso” y sugirió que medidas similares podrían adoptarse a nivel nacional.
La Ley de Autonomía de Washington D.C. de 1973 otorga al presidente 30 días de control federal sobre la policía local, prorrogables sólo con aprobación del Congreso. El magnate ha insinuado que buscará extender el plazo o, incluso, declarar una emergencia nacional para evitar el trámite legislativo. Líderes demócratas, como el senador Chuck Schumer, ya han prometido oponerse “con uñas y dientes” a cualquier intento de prolongar la intervención.
En medio de este clima, la capital enfrenta un delicado equilibrio entre autoridad federal, autonomía local y el impacto directo de estas decisiones sobre su población, con calles vigiladas, patrullajes constantes y la sombra de un conflicto político que promete intensificarse en las próximas semanas.
