El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que autoriza el uso de tropas federales para contener disturbios internos, en medio del creciente conflicto político y legal con estados y ciudades gobernadas por demócratas que se oponen a su política migratoria.
“Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, declaró Trump en el Despacho Oval. “Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales o los gobernadores nos detuvieran, claro que lo haría”, añadió, al defender su decisión de desplegar fuerzas federales en Chicago y Portland.
- El Dato: La jueza federal en Oregón, Karin Immergut, impidió a Trump enviar 300 soldados de la Guardia Nacional de California a Portland, por “intrusión en los asuntos civiles”.
Mencionó lo anterior, horas después de que una jueza federal de Illinois, April M. Perry, rechazara bloquear de manera inmediata el despliegue de 400 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago. El gobierno estatal solicitó una orden de restricción temporal para impedir la presencia de tropas federalizadas en el territorio, pero la magistrada argumentó que necesita más tiempo para analizar el caso. La próxima audiencia fue fijada para el jueves.
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Por su parte, el gobernador JB Pritzker calificó la decisión de la Casa Blanca como “una invasión anticonstitucional” y advirtió que los soldados son reclutados “para actuar como policías cuando no tienen la formación necesaria”. En conferencia de prensa, afirmó que el despliegue “viola la soberanía de Illinois y su derecho al autogobierno”.
En la misma línea, el fiscal general Kwame Roul sostuvo que las acciones del magnate son “ilegales” y que ningún mandatario puede “saltarse la Constitución”. En la demanda presentada ante un tribunal federal, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago alegan que la administración de Trump ha excedido su autoridad y que no existe fundamento legal alguno para justificar la federalización de la Guardia Nacional.
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“El pueblo estadounidense no debería vivir bajo la amenaza de ocupación militar, especialmente por caer en desgracia ante un presidente”, sostiene el documento legal, que nombra a Trump, a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, al secretario de Defensa Pete Hegsteh y al secretario del Ejército Daniel Driscoll como causados.
De acuerdo con el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), al menos mil personas fueron detenidas desde septiembre durante la operación “Midway Blitz”, encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Activistas denunciaron traslados de detenidos a prisiones de máxima seguridad en Indiana, ante la prohibición de cárceles privadas en Illinois.
La situación se agravó el fin de semana, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza abrieron fuego en el área de South Side e hirieron a una ciudadana estadounidense. En respuesta, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las autoridades migratorias utilizar estacionamientos o terrenos propiedad de la ciudad para operativos. La medida, denominada “zonas libres de ICE” obliga a colocar señalización en los espacios públicos y a restringir el ingreso de agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
“Debemos tomar medidas más drásticas porque estamos presenciandoun intento radical de socavar nuestra democracia”, dijo Johnson, al denunciar allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias .
