El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, renunciaron a sus cargos este 25 de febrero, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Ante el vacío en ambos cargos, el Parlamento venezolano designó, casi de inmediato, a Larry Devoe Márquez como fiscal general, y a Saab como ombudsman, ambos en calidad de encargados.
Jorge Rodríguez tomó protesta a los funcionarios en el salón Tríptico del Palacio Federal Legislativo, mientras el Parlamento inició el proceso de selección de los reemplazos permanentes.
Al juramentar, Tarek William Saab indicó que hace casi nueve años asumió “la épica tarea” de encabezar el Ministerio Público en un periodo que, aseguró, Venezuela sufrió “agresiones jamás vistas”.
Como fiscal general, Saab, de 63 años, dirigió la respuesta del gobierno a varios escándalos de corrupción, así como a los arrestos de figuras de la oposición y manifestantes que, según organizaciones de derechos humanos, fueron detenidos injustamente.
Saab siempre ha negado que el gobierno tenga presos políticos. Apenas el pasado 11 de febrero, dijo a Reuters que espera que una ley de amnistía aprobada por la legislatura garantice un país “100 por ciento pacificado”.
“Los llamo presos, no les doy ninguna etiqueta adicional”, declaró Saab a Reuters. “Son detenidos por acciones que en su momento fueron documentadas”, aseguró.
En su carta de renuncia, leída en voz alta por Jorge Rodríguez a legisladores, Saab afirmó haber desempeñado el cargo de fiscal general “con integridad y honor, en circunstancias históricas que representan un desafío excepcional para el presente y el futuro de nuestra patria, en las que cumplimos el rol constitucional de preservar la paz y proteger los derechos humanos de nuestro pueblo durante un período de agresión inimaginable contra la nación venezolana”.
Saab desempeñó un “papel protagónico” en la “persecución de críticos y opositores”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado citado por Reuters.
“Nombrarlo Defensor del Pueblo es una bofetada a las víctimas. Una reforma significativa requiere nombrar un nuevo fiscal general que sea independiente, que cese la persecución de la disidencia y se comprometa a garantizar la liberación y amnistía de todos los presos políticos”, señaló.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr
