La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó ayer que no existe una base razonable para investigar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La decisión corresponde a la denominada “Situación en Venezuela II”, abierta tras una remisión presentada por el Gobierno venezolano en 2020. En esa solicitud, Caracas denunció que las medidas coercitivas estadounidenses habrían provocado asesinatos, persecuciones, deportaciones y otros actos considerados inhumanos.
Tras realizar un examen preliminar de la información disponible, la Fiscalía determinó que las pruebas analizadas no permiten establecer una relación suficiente de causalidad e intención entre las sanciones y los delitos alegados por el gobierno venezolano.
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De acuerdo con la oficina del fiscal, los elementos revisados tampoco demuestran que dichos actos se hayan cometido con la intención necesaria para configurar crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
