El Pleno del Parlamento israelí aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares de Israel a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knesset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
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Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor ‘Yesh Atid’ (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de “claramente inconstitucional”.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia habían rechazado el proyecto de ley, que también ha sido criticado por organismos como la ONU o el Consejo de Europa.
La aprobación se produce después de que el pleno diera luz verde esta madrugada, in extremis, la ley de presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu.
En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de ‘terrorista’ para referirse a palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.
Si se trata de un asesinato cometido en territorio israelí o en Cisjordania por parte de un colono israelí, el tribunal penal civil necesitaría una tercera condición para aplicar la pena de muerte: que el asesinato se cometa en un acto que persiga negar la existencia del Estado de Israel.
“Esto es algo extraordinario en la ley israelí”, explica Azem, para quien esta condición permite que la pena de muerte no se aplique a ningún judío israelí.
De acuerdo con el borrador, la ejecución se haría por ahorcamiento y dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, ocultando la identidad de quienes la efectuarán.
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FGR
