La famosa marca de ropa interior y artículos femeninos Lili Pink ha sido blanco de una fuerte intervención judicial. De un emprendimiento familiar en un barrio de Bogotá, a un gigante del retail cuya propiedad hoy se rastrea hasta centros financieros internacionales.
Lili Pink fue fundada en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá, por Max Abadi y su hijo David Abadi. La familia, que ya contaba con tradición en el sector textil por su vinculación con la conocida textilera Lafayette, creó la marca con el objetivo de competir con precios accesibles frente a gigantes consolidados como Leonisa.
Bajo el mando de los Abadi, la empresa vivió una expansión agresiva, pasando de la ropa interior femenina a un catálogo que hoy incluye maquillaje, pijamas y productos de cuidado personal.
A medida que la marca creció, su estructura legal se tuvo que transformar para facilitar la operación internacional, comenzando en 2015 cuando pasó a manos de Lili Brands Inc., un holding con sede en Panamá que asumió la propiedad total y la expansión fuera de Colombia.
Actualmente, la marca es operada en territorio colombiano por la sociedad Fast Moda S.A.S., la cual fue constituida en junio de 2020 y tiene como único accionista a la empresa Bestsea Blue S.A., también registrada en Ciudad de Panamá.
En esta estructura, Lorena Bernal Castro se presenta como la actual representante legal de Fast Moda S.A.S. Con su sede principal en Tenjo emplea a casi 260 personas según información de mercados emergentes Ermis.
¿Por qué importa el vínculo con Panamá?
Para las autoridades colombianas, el hecho de que el control accionario resida en sociedades panameñas es una pieza clave en la investigación por lavado de activos.
La Fiscalía investiga si usaron esta red para esconder dinero ilegal, fingiendo que venía de ventas masivas y metiendo mercancía de contrabando para no pagar impuestos.
Tras el operativo donde el gobierno tomó el control de 62 tiendas y detuvo a un alto jefe de finanzas, la empresa se ha defendido con firmeza.
Su representante, Lorena Bernal Castro, aseguró que la compañía es víctima de ataques falsos en redes sociales y que incluso ya demandaron penalmente a quienes los han difamado.
Por ahora, mientras el Estado administra los bienes ocupados, los fundadores originales y los actuales administradores enfrentan el reto de probar la procedencia lícita de un imperio que viste a millones de mujeres en Latinoamérica.
