La Policía de Bolivia detuvo este jueves al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a otros 13 funcionarios públicos durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
La aprehensión masiva ocurrió dos días después de que Estados Unidos aplicara restricciones de visado contra autoridades bolivianas por señalamientos de corrupción y narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó en conferencia de prensa que la intervención policial permitió desmontar una organización criminal encubierta dentro de la estructura institucional de la justicia y del Ministerio Público. Según la versión gubernamental, la red operativa estaba encabezada por el propio Mariaca.
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Entre los aprehendidos figura también el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. De acuerdo con las declaraciones del ministro Oviedo, la red operaba de manera sistemática para otorgar protección e incentivos a actividades ligadas al narcoterrorismo dentro del territorio boliviano.
El despliegue de las fuerzas de seguridad se desencadenó tras la circulación de un video y un audio atribuidos al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En el material audiovisual, Marset alude de forma directa a Mariaca y se refiere al fiscal general como su “amigo”.
Asimismo, en el registro fonográfico asignado al acusado uruguayo, se afirma el pago de 500 mil dólares dirigidos a garantizar su permanencia en Bolivia y la continuidad de sus operaciones ilícitas. Marset fue capturado en suelo boliviano durante el mes de marzo y posteriormente trasladado hacia Estados Unidos.
En el marco de las investigaciones por los testimonios atribuibles a Marset, las fuerzas policiales mantienen la búsqueda del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo. El exfuncionario formó parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y figuró como colaborador cercano del expresidente Luis Arce.
Las aprehensiones en Santa Cruz ocurrieron 48 horas después del anuncio formal del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la cancelación y restricción de visados. La medida del gobierno estadounidense alcanzó a Mariaca, así como a un grupo de jueces, fiscales, autoridades en funciones y exautoridades de la nación sudamericana.
Washington acusó directamente al fiscal general de incurrir en actos significativos de corrupción, aceptar sobornos para facilitar el tráfico internacional de drogas y asistir a delincuentes para evadir procesos judiciales. En respuesta, Mariaca rechazó las imputaciones y cuestionó la validez de la sanción diplomática.
Con información de Reuters.
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