Boris Johnson enreda aún más el Brexit

Con todo y que el primer ministro, Boris Johnson, perdió ayer la influencia sobre la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea, cuando entró en vigor la ley que le exige demorar el Brexit hasta 2020, a menos que logre un acuerdo de divorcio el próximo mes, el líder conservador aseguró que buscará la manera de llegar a la meta de ejecutar la salida el próximo 31 de octubre, aunque tenga que desafiar a la ley, en el nombre de la voluntad de los británicos, quienes, alega, votaron en 2016 para desprenderse del bloque.

Ante este contexto, ayer a última hora, el apodado Trump británico —por su afinidad ideológica con el presidente de EU— intentó que el Parlamento aprobara su propuesta de adelantar las elecciones generales, un movimiento que le ayudaría a garantizar sus planes radicales del Brexit; sin embargo, el premier no alcanzó el apoyo suficiente de la Cámara.

Hasta el momento no está claro cuál sería el próximo movimiento de John-son después de cuatro derrotas en cadena respecto al Brexit: la ley lo obliga a buscar un retraso, pero carece de una propuesta para este fin, ya que desde que asumió el poder, en julio pasado, se centró en preparar al país para una salida sin una negociación de por medio.

El Brexit, el movimiento geopolítico más importante de Reino Unido en décadas, sigue sin moverse más de tres años desde 2016, con un futuro sin definir y posibles resultados que van desde una salida el 31 de octubre, sin acuerdo de retirada para suavizar la transición, hasta abandonar todo el esfuerzo y permanecer, como si nada hubiera pasado.

“Este gobierno siempre respetará el Estado de derecho. Por supuesto, el modo cómo se respetará el Estado de derecho es normalmente sencillo, pero a veces puede ser más complejo porque hay leyes en conflicto”

Dominic Raab

Canciller de Johnson

“Debemos terminar el Brexit porque Reino Unido debe salir el 31 de octubre, o de lo contrario temo que se haga un daño permanente a la confianza en nuestra democracia”, comentó Johnson, ayer en Dublín, antes de conversar con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

Johnson asumió el cargo de primer ministro después de que su predecesora, Theresa May, no lograra impulsar el Acuerdo de Retirada en el Parlamento. Desde entonces, la crisis del Brexit ha ecladado, con mercados financieros y empresas desconcertados por una serie de decisiones políticas que los diplomáticos comparan con el estilo del presidente Donald Trump.

En este sentido, Johnson ha sido calificado de antidemocrático —suspendió frustradamente al Parlamento para dejarlo fuera del juego en las decisiones del Brexit— y sus opositores advierten que podría pasar por alto el mandato constitucional.

Frente a estos temores salió en defensa de Johnson el ministro de Exteriores, Dominic Raab, ayer, al asegurar a los diputados que este gobierno no pretende faltar a la Constitución, aunque dio a enteder que si la ley contraviene al Estado de derecho, la administración tendrá que responder.

“Este gobierno siempre respetará el Estado de derecho. Ésa ha sido nuestra posición clara”, dijo Raab ante el Parlamento. “Por supuesto, el modo cómo se respetará el Estado de derecho es normalmente sencillo, pero a veces puede ser más complejo porque hay leyes en conflicto”, añadió.

En el contexto de crisis, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, defensor del Parlamento, en su intento de controlar al primer ministro sobre el Brexit, anunció su dimisión, y advirtió al gobierno para que no “degrade” al Poder Legislativo, que ayer también votó para obligar a Boris Johnson a informar todo sobre sus planes para aplicar el Brexit.

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