Al calificarla como una decisión “unilateral” e “injustificada”, este miércoles la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) rechazaron el aumento de las tarifas de hasta un siete por ciento por la plataforma de viajes Uber.
En un comunicado, la STPS señaló que, además de no tener sustento, al aumento va contra los compromisos asumidos en la reforma laboral de plataformas digitales.
Añadió que con dicha reforma las plataformas digitales, incluyendo Uber, se comprometieron a no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de trabajadores y consumidores.
“Este incremento a tarifas a 15 días de la entrada de iniciado el piloto no solo incumple con los compromisos asumidos, sino que resulta preocupante el no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social”, dijo la STPS.
Profeco exhorta a Uber a informar a usuarios sobre aumentos unilaterales a tarifas
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a Uber a informar a los usuarios previamente sobre el incremento a sus tarifas de “manera unilateral”, con la finalidad de que puedan dar su consentimiento expreso al aumento.
“Informar a las y los usuarios de esta aplicación móvil sobre el aumento del 7.0 por ciento a la tarifa, es uno de los derechos que tienen las personas para que puedan aceptar o rechazar las nuevas condiciones o cambios que se hagan al plan que estén pagando actualmente”, destacó en un comunicado.
El regulador sostuvo que el derecho de los usuarios está protegido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 7, el cual señala que el proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías y demás condiciones conforme a las cuales se ofreció el servicio a las y los consumidores, y bajo ninguna circunstancia será negado.
De la misma manera la Profeco sostuvo que la Procuraduría trabajará en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para vigilar y verificar que se cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de evitar abusos que afecten la economía de las familias mexicanas.
Con información de Alan Gallegos.
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