La Iniciativa Privada (IP) de México, aseguró que tras la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo se tendrá un impacto económico, ya que, al reducir la certeza jurídica se afectará la llegada de inversiones en sectores estratégicos, y si se detiene la inversión por ende habrá un impacto en el empleo y la confianza se erosionará.
“Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona, México envía un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso, que las instituciones pierden independencia y que la justicia deja de ser confiable”, aseguró Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
- El Dato: Con 83 votos a favor y 38 en contra, la Ley de Amparo en el Pleno del Senado. Se turnará al Poder Ejecutivo, que encabeza Sheinbaum.
En ese sentido, refirió que las decisiones en políticas públicas que ha tomado el Gobierno federal mandan un mensaje o “una señal negativa” para la confianza de los inversionistas y esto debe preocupar, en un momento en el que el país está próximo a la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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Ante la desaceleración económica que atraviesa el país, y teniendo una posición geográfica “que ya la quisieran muchos” y las oportunidades que se tienen con el nearshoring “nos parece al sector empresarial y a la Coparmex que tendríamos que estar tomando decisiones de política pública a favor de esa certeza ante una realidad que es innegable de falta de crecimiento económico”.
La Confederación sostuvo que, así como están en contra de la imposición de los aranceles que violan el T-MEC; también, se debe hacer una reflexión de cuáles decisiones de política pública se llevan a cabo, porque la reforma al Poder Judicial, la eliminación de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y la reforma a la Ley de Amparo, “van en contra de los acuerdos firmados, en contra de esa certeza jurídica que firmó México en un tratado de libre comercio”.
Sierra Álvarez destacó, que la Confederación participó en foros donde se discutieron estos cambios; no obstante, sólo fueron “atendidos, pero no escuchados”.
Además, reiteró que la decisión que tomó el Congreso va en contra de la certeza jurídica, y si ésta es trastocada entonces “se atenta contra la confianza del inversionista… Muchos de los empresarios en este momento están a la espera de lo que sucede en el país, de la negociación del tratado de libre comercio, de lo que se está legislando en política pública para ver qué decisión tomar en caso de reinversión de utilidades”.
Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) manifestó estar preocupada por la rápida aprobación de la reforma a la Ley de Amparo, porque “subsisten disposiciones que podrían comprometer la certeza jurídica y limitar la protección efectiva de los derechos fundamentales”.
Y coincidió con la Coparmex, al señalar que la seguridad jurídica es necesaria para que se detonen los proyectos que impulsan el crecimiento económico del país, y ante la posibilidad de que los desarrolladores “enfrenten actos arbitrarios sin mecanismos de defensa eficaces” provocaría un riesgo en regulación, “podría frenar nuevas inversiones, afectando la generación de empleo y el desarrollo de las ciudades”.
