Grupo Salinas aseguró que la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pago de adeudos fiscales por consigna política, violando el Estado de derecho.
Además, indicó que la determinación de que nueva Elektra del Milenio debe pagar 67 millones de pesos por adeudos es un modus operandi del “nuevo” tribunal constitucional.
Dicha resolución de la SCJN, ocurrió después de que el pleno desechó amparos de Elektra y TV Azteca que lo obligan a cubrir más de 50 mil millones de pesos.
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Ante tal situación, Grupo Salinas emitió el siguiente comunicado:
Para sorpresa de nadie, por segunda vez en menos de una semana, los ministros de la ilegítima Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron hoy casos relativos a nuestras empresas y nuestro presidente fundador, el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Lo hicieron, al igual que hace unos días, por consigna política y no conforme a derecho.
En un episodio más de este modus operandi del “nuevo” tribunal constitucional, los ministros votaron completamente en línea con el dictado de Palacio Nacional, violando principios fundamentales del Estado de Derecho como el de legalidad, el debido proceso y la igualdad de trato ante la ley. Con absoluto descaro y sin pudor alguno, otra vez desdeñaron nuestros argumentos –apegados a ley y criterios jurídicos sólidos– sin mayor análisis ni discusión del fondo, mucho menos respetaron y salvaguardaron el orden constitucional.
Aún más graves son las evidentes contradicciones y discrecionalidades exhibidas por esta Corte espuria, en particular al privarnos de nuestro derecho a una justicia objetiva e imparcial al revertir un impedimento otorgado en diciembre de 2024 por la extinta Segunda Sala de la SCJN para que la ministra Lenia Batres conociese de nuestros asuntos, quien ha demostrado pública y sistemáticamente su prejuicio y sesgo en torno al señor Salinas Pliego y sus empresas. Una muestra más de que hoy la justicia es una herramienta selectiva al servicio del poder político y no para proteger los derechos de los mexicanos.
De igual forma, resulta paradójico y muy preocupante que, mientras que apenas la semana pasada este grupo de ministros ilegítimos rechazaron revisar el fondo de nuestros amparos por falta de cuestiones de constitucionalidad, ahora se contrapongan al admitir entrar al fondo de las sentencias solo porque las autoridades fiscales se los instruyen. Es tal el nivel de sumisión de esta Corte que, pese a que los ministros Espinosa Betanzo, Ortiz Ahlf y Esquivel Mossa señalaron que no existe cuestión de constitucionalidad, el resto de los ministros del acordeón confirmaron esta evidente contradicción para satisfacer las órdenes de Palacio Nacional.
