En 10 años, los casos de extorsión aumentaron 78.1 por ciento, al pasar de 6 mil 223 víctimas anuales en 2015 a 11 mil 081 en 2025, situación que daña la actividad económica local y a las empresas que radican en México, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Sostenemos que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México. No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones”, indicó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación.
El representante patronal sostuvo que la extorsión ya evidenció “fallas estructurales” en la contención y combate de este este delito y que, en tan sólo cinco entidades, como la Ciudad de México o Veracruz, se concentra el 62.2 por ciento de las víctimas, y en los 10 estados con mayor número de personas que han padecido este problema de inseguridad se acumula el 81 por ciento del número total de casos.
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“En 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo”, añadió el presidente del organismo.
Sierra Álvarez destacó que las entidades que han tenido un aumento importante en el número de casos son Tlaxcala con un incremento de mil 300 por ciento; Chiapas, 364.3 por ciento; Ciudad de México, 264.4 por ciento; Nayarit, 171.4 por ciento; Yucatán, 100 por ciento y Puebla con 84.4 por ciento.
En ese sentido, indicó que el delito deber ser colocado como “prioridad nacional” y que se debe aprobar una Ley General para combatirlo, pero que es necesario que el Gobierno cree unidades especializadas para atenderlo, “fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción”.
