El presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para “restablecer la integridad del sistema financiero” y endurecer los controles de las instituciones que otorgan servicios financieros y de transferencias a personas inadmisibles o sujetas a deportación, una decisión que provocará una caída de entre 10 y 20 por ciento en el envío de remesas, estimaron analistas, con un impacto directamente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y de estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán.
El documento, publicado el martes, plantea endurecer la supervisión para adoptar medidas que salvaguarden el sistema financiero de usos ilícitos, promover prácticas seguras en el otorgamiento de créditos, incluso en servicios básicos que otorgan las instituciones, pues de no hacerse así, se corre el riesgo de que se facilite el financiamiento de actividades que amenacen la seguridad nacional y pública de Estados Unidos.
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Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto han sido utilizadas para financiar al terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y otras actividades ilegales, y en ese sentido, será necesario que las instituciones implementen programas robustos que permitan la identificación de clientes y medidas que sean necesarias para “mitigar estos riesgos”.
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Tras la publicación de la orden ejecutiva, el secretario del Tesoro y las entidades reguladoras cuentan con 60 días para emitir una advertencia formal a las instituciones sobre los riesgos que hay del uso del sistema por parte de las personas sin autorización de trabajar y de sus empleadores.
Asimismo, tendrán 90 días para proponer cambios regulatorios; es decir, las instituciones deberán identificar y verificar al titular de una cuenta para evitar fraude y lavado de dinero, así como la evasión de sanciones; podrán investigar el estatus migratorio y laboral de las personas si consideran que hay riesgos; además, en 180 días, se considerarán cambios en la Ley del Secreto Bancario para fortalecer los requisitos de identificación de clientes, en específico, lo relacionado con las tarjetas de identificación consultar extranjeras.
- El Dato: En 2025 residieron 12.6 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 8.1 millones ya cuentan con ciudadanía o residencia permanente.
“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la extensión de créditos o servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y removibles”, indicó la orden ejecutiva.
En un estudio económico, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, sostuvo que los envíos de dinero desde Estados Unidos representan 5.0 por ciento del consumo y 3.5 por ciento del PIB en México.
En Estados Unidos residen alrededor de 4.1 millones de personas no autorizadas o con un estatus migratorio irregular y se estima que cerca del 40 por ciento del total de las remesas que llegan a México provienen de trabajadores que son sujetos a la deportación.
De materializarse un impacto en las remesas y considerando que el crecimiento del PIB al cierre del año lo estimó en 1.0 por ciento, ahora podría ubicarse en 0.65 por ciento, pero “esto dependerá de qué tan estricta sea la aplicación de la medida y cuánto afecte a las remesas que llegan a México”.
“Un desplome de 20 por ciento de las remesas en un año implicaría una reducción en el PIB de México de 0.7 por ciento, suponiendo que se aplica a partir de junio, implicaría un freno de 0.35 puntos porcentuales para este año”, agregó.
De haber un bloqueo al envío de remesas, por un mayor control, las personas migrantes buscarían alternativas, pero se podría registrar un desplome anual de entre 10 y 20 por ciento en las divisas que llegan al país; además, las entidades más afectadas serían Chiapas, Guerrero y Michoacán porque el monto que reciben representa una mayor proporción de su PIB estatal.
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Por entidad federativa, Chiapas es el estado que mayor dependencia tiene de las remesas, ya que, según estimaciones de Banco Base, recibe 14.3 por ciento como proporción de su PIB; Guerrero, 14 por ciento; Michoacán, 11.2 por ciento; Zacatecas, 10.1 por ciento y Oaxaca con 10 por ciento.
“La materialización de bloqueo de envío de remesas a México por parte de migrantes con estatus irregular sería una catástrofe para la economía de algunas familias y para el crecimiento de México”, puntualizó Siller Pagaza.
Al cierre de 2025, el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México cerró en 61 mil 791 millones de dólares; es decir, una contracción anual de 4.6 por ciento a tasa anual o lo que significó 2 mil 955 millones de dólares menos respecto a la cifra de 2024, el retroceso del año pasado fue el primero en los últimos 12 años, según datos del Banco de México.
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Analistas refirieron que la contracción de las remesas fue por el temor de la población migrante a ser deportada y por el deterioro del mercado laboral estadounidense que resultó en un menor envío de dinero.
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