A sólo seis días de la fecha límite para la vinculación de líneas de líneas telefónicas móviles con la Clave Única de Registro de Población (CURP), sólo se han hecho 62.5 millones de registros de un total de 144 millones de líneas; no obstante, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) sostuvo que no buscan que haya una prórroga, sino que las personas cumplan con el proceso porque no se puede exigir seguridad y no hacer lo que corresponde.
“Llevamos más de un mes, posiblemente un poquito más, promoviendo que se dé el registro. Nosotros no buscamos una prórroga, buscamos que los ciudadanos cumplan con el compromiso, porque no se puede exigir seguridad si uno no pone también de su parte en términos de la responsabilidad que tenemos para llevar a cabo una acción que está determinada en la propia ley, en la propia norma que hay un plazo en específico y que lo que buscamos es que se tenga mayor trazabilidad en términos de seguridad”, indicó Octavio de la Torre de Steffano, presidente nacional de la Confederación.
El representante sectorial sostuvo que, ante un país más conectado, donde el 94.4 por ciento de la población ya tiene un teléfono móvil, es decir, alrededor de 117 millones de personas, hay una paradoja, el 85 por ciento de las extorsiones son a través de llamadas, y en ese sentido, “la conectividad debe ir acompañada de seguridad. Porque de nada nos va a servir estar más comunicados si también estamos más expuestos”.
Añadió que la desconfianza de los ciudadanos para hacer este proceso es parte de la cultura nacional del “sospechosismo”, que a cualquier solución que se presenta siempre se le busca la queja, “buscamos como algo positivo se traduzca en negativo”, y que le resulta preocupante que suceda porque desde la Concanaco se ha identificado que quienes han generado desconfianza para realizar la vinculación de líneas telefónicas móviles son los grupos del crimen organizado que se dedican a la extorsión.
“Ante una situación de ese tamaño con una trazabilidad completa de las líneas telefónicas, los principalmente afectados pues son los que se dedican de manera indebida a generar esos mecanismos de extorsión telefónica a nivel nacional, que son los que más impactan en todo el territorio nacional”, acotó.
Octavio de la Torre apuntó que siempre buscará que la ley se cumpla, pero también que se mantendrá al pendiente de vigilar que el mecanismo se utilice con el propósito que se creó, “me parece que es el siguiente paso”.
Asimismo, destacó que, para enfrentar la extorsión es necesario que los gobiernos estatales y locales realicen cambios en sus leyes para que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión “permeé” en todos los territorios.
Agregó que también se requiere difundir las herramientas que hay para que las personas denuncien, “en términos de testigos protegidos de denuncia anónima y también de las sanciones”, pero destacó que se debe dejar de pensar que este delito sólo es realizado por la delincuencia organizada, sino que también los servidores públicos pueden violar la ley.
Y en ese sentido, resaltó que el costo de la extorsión en todas sus modalidades llega a representar 3.5 o 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y si se realizan estrategias como la Ventanilla Única de Establecimientos Mercantiles se reducirá el contacto entre personas y se combatirá la extorsión y por ende, al eliminar esta carga económica los negocios reinvertirán ese capital en inventario, o en ser más productivos.
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