Y hay que tomar nota, porque ayer fue la Embajada de Estados Unidos en México la que hizo pública en las benditas redes una felicitación al Gobierno de Claudia Sheinbaum. “¡Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado! Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena”, dice el mensaje que apareció anoche como respuesta a otro que puso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre la detención de Kevin Alonso “N”, alias El 200, jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán. Una captura que además estuvo precedida por la de otra pieza clave del Cártel de Sinaloa, José Ángel “N”, alias El Güerito. La reacción de la embajada, de un tipo no visto en varios años, no hace otra cosa que dar cuenta de que los vecinos registran que las cosas están cambiando en beneficio mutuo.
Quienes conocen cómo se manejan en Morena, nos comentan que nadie en sus cabales se imaginaría ver sentados a Rocío Nahle y Miguel Ángel Yunes Márquez para dialogar sobre los problemas que aquejan a Veracruz. Pero resulta que algunas voces en entornos legislativos consideran que ésta es una posibilidad que podría darse en aras de la unidad. Yunes Márquez, por lo pronto, se dijo dispuesto a platicar con quien fuera su rival política en la pasada elección. La declaración no puede pasar desapercibida, después de las fuertes críticas de quienes ahora piden expulsarlo del movimiento de la Cuarta Transformación, tras su reciente afiliación. Algunos senadores le pidieron a la mandataria estatal no fracturar la buena relación que algunos mantienen con los Yunes, por aquello del capital político que aún mantienen. Sin embargo, en el puerto, los guindas históricos consideran que se están obviando muchos agravios y que en su momento la intención de quienes ahora buscan el cobijo de Morena era descarrilar no sólo a Nahle, sino a la 4T. Como sea, pendientes.
Relevante, nos hacen ver, el dato de que el programa de formación del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución a cargo de Zoé Robledo, ha venido incrementando la oferta de residencias médicas de manera consistente en los últimos años. Y es que, según los datos fríos, de cuatro mil 537 espacios que dio en 2018, la cifra se incrementó a nueve mil 813 en 2025, lo cual convierte al instituto en el formador y empleador más grande de médicos especialistas. Un indicador que también sustenta lo anterior, nos hace ver, es el hecho de que en los últimos siete años el número de residentes pasó de 15 mil a 26 mil 964. ¿Y qué ha pasado con los jóvenes seleccionados en estos procesos? Bueno, pues actualmente el 93 por ciento de los residentes se encuentra en unidades de primer y segundo nivel de atención, y el 7 por ciento en unidades médicas de tercer nivel. Por cierto que también el número de cursos ha aumentado a mil 303, un incremento del 74 por ciento, y las sedes han pasado de 200 a 389 en apenas cinco años. Ahí los datos duros.
Y a quien está a punto de estallarle un conflicto es a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Ayer recibió el primer aviso con la paralización de actividades en el Hospital Regional Universitario, el más grande de los que dependen del Gobierno estatal. El personal decidió suspender todos los servicios, menos el de urgencias, en protesta por la falta de medicamentos, de equipo y de insumos. La dirigente sindical del sector salud en el estado, Dolores González, afirmó que este nosocomio sólo cuenta con el 48 por ciento del medicamento que se requiere y con el 42 por ciento del material de curación. Las condiciones son tan deplorables, que están suspendidas las cirugías, mientras que para otro tipo de tratamientos, los médicos tienen que llevar sus propios materiales. Y muchos se preguntan: si así está el hospital más importante de la red de salud estatal, ¿cómo estarán los demás? Nos adelantan que en los próximos días habrá más paros. Atentos.
Ayer se cumplieron seis años del asesinato del activista en favor del medioambiente, Samir Flores Soberanes, un férreo opositor al Proyecto Integral Morelos, y en especial a la termoeléctrica de Huexca. Samir fue ultimado a balazos el 20 de febrero del 2019, en lo que fue el primer homicidio de alto impacto del entonces naciente sexenio del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ayer, al conmemorarse el sexto aniversario del atentado, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, reiteraron que la primera línea de investigación que se debió seguir era la de un “crimen narcopolítico, ordenado desde las más altas esferas del poder”. Los autores del asesinato, dijeron, fueron integrantes de una banda del crimen organizado que opera en la región oriente de la entidad. Esto, nos recuerdan, lo repitieron los activistas año con año desde que ocurrió la agresión, pero el grupo aludido nunca fue molestado por las autoridades estatales. Ahí el dato.
Con la novedad de que la ministra Lenia Batres se llevó un nuevo y definitivo revés en el litigio que había ahora abierto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la intención de que en las boletas de la elección judicial junto a su nombre apareciera el apodo de “La ministra del pueblo”. Y es que resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisó y avaló el proyecto de la magistrada Mónica Soto que planteaba batear la exigencia de Batres Guadarrama y fallar en el mismo sentido en el que antes lo hizo el Instituto Nacional Electoral. Este último, por cierto, rechazó en bloque, nos recuerdan, solicitudes de otros aspirantes que pretendían que se imprimieran debajo de sus nombres apodos como “El juez de AMLO”, “El juez de la 4T” o “El defensor popular”. Eran puros lemas de campaña, propaganda nomás. Ah, pero con la resolución de anoche, votada, por cierto, por unanimidad de los magistrados de la sala superior, simple y llanamente se imprimirán sus nombres a secas.