Desde que la administración de Donald Trump anunció la decisión de suprimir dos mecanismos de regularización de migrantes en Estados Unidos, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, cientos de miles de latinoamericanos, llegados a esa nación en los últimos años, se hallan en una fatal encrucijada. Primero pueden ser arrestados y luego las autoridades migratorias deben decidir a dónde los deportan.
No todos los países latinoamericanos aceptan la deportación de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Venezuela, por ejemplo, acaba de anunciar que no aceptará el retorno de más migrantes, luego de que el gobierno de Trump decidiera suspender las licencias de la petrolera Chevron para operar en territorio venezolano. La decisión de Trump rompe con uno de los acuerdos básicos de la negociación entre el enviado especial de la Casa Blanca, Richard Grenell, y Nicolás Maduro, a principios de este año.
Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, dijo hace unos días que, dado que Estados Unidos suspendía las operaciones de Chevron, el gobierno venezolano suspendía la recepción de migrantes venezolanos. Según cálculos de la organización Wola de asuntos latinoamericanos, en Washington, habría unos 700 mil venezolanos en el limbo de la deportación, después de la arbitraria eliminación del TPS y el parole humanitario.
El “súper peso“
El autoritarismo de dos acciones, la expulsión de migrantes de Trump y la negativa de Maduro a recibirlos, se coloca, así, en el eje de una transacción donde lo central es obtener beneficios económicos. Según Trump, mientras menos migrantes latinos haya en Estados Unidos más trabajo habrá para los nativos. Según Maduro, los migrantes son sacrificables si la prioridad es que Chevron opere en Venezuela y reporte ganancias al Estado bolivariano.
Para complicar más la situación, no todos los gobiernos de la región estarían dispuestos a aceptar la deportación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa fue uno de los primeros a anunciar la negativa, por lo que, muy probablemente, esos migrantes sean enviados a las mega-cárceles de Nayib Bukele en El Salvador o a la Base Naval de Guantánamo.
Maduro y Cabello sostienen que la contramedida es proporcional, porque si se paralizan los negocios de Chevron en Venezuela, se afecta el traslado aéreo de los migrantes desde Estados Unidos. Los líderes venezolanos están convencidos de que, con esa forma ruda de negociar, hablan el lenguaje de Trump y pueden llegar a acuerdos como el que lograron con Grenell.
Es asombroso el mimetismo al que se está llegando en la conducción de las políticas domésticas e internacionales en América Latina. Esos líderes dedican horas y horas a denostar el imperialismo yanqui, pero, de la noche a la mañana, pueden presentarse como caciques empresariales que, con tal de aumentar ingresos, violan derechos humanos básicos de cientos de miles de personas.
