Hace apenas un mes, la Comisión Europea publicó el documento titulado Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el instrumento de la Acción de Seguridad para Europa (SAFE) mediante el refuerzo de la industria europea de defensa (SAFE Regulation).
Este documento surge como respuesta a los desafíos de seguridad planteados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus repercusiones en la seguridad europea y global.
Su objetivo principal es fortalecer la base tecnológica e industrial de defensa europea (EDTIB), mediante la provisión de asistencia financiera a los Estados miembros para realizar inversiones urgentes y significativas en su industria de defensa. Para ello, el instrumento SAFE contempla el otorgamiento de préstamos destinados a apoyar la adquisición conjunta de productos clave, como municiones, misiles, sistemas de artillería y drones pequeños.
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Además, el reglamento destaca la necesidad de involucrar activamente a pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como a nuevos actores del mercado de defensa, fomentando una mayor competitividad e innovación en el sector. El monto máximo de asistencia financiera disponible asciende a 150 mil millones de euros, con una ventana de aplicación abierta hasta el 31 de diciembre de 2030. Como incentivo adicional, se establece una exención temporal del IVA para la importación y suministro de productos de defensa adquiridos en el marco de este programa.
El documento también introduce reglas estrictas sobre control, auditoría y presentación de informes, con el fin de garantizar la adecuada utilización de los fondos y el cumplimiento de las condiciones establecidas.
¿Qué significa esto? En términos económicos y políticos, implica el fin del paradigma centrado exclusivamente en el Estado de bienestar y el inicio de una transición hacia una economía de guerra parcial. El plan SAFE contempla cinco líneas de acción estratégicas:
a) intervención estatal directa en la industria militar;
b) aumento exponencial del gasto en defensa;
c) planificación supranacional de la producción armamentística;
d) concentración industrial y medidas de emergencia;
e) adaptación del mercado laboral a las necesidades del sector defensa.
Esta transformación se complementa con el aumento del presupuesto destinado a la OTAN. España ha anunciado que alcanzará el umbral del 2% del PIB en gasto militar este mismo año; Polonia se ha comprometido a llegar al 4%; mientras que Alemania ha creado un fondo extraordinario de 100 mil millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas (el Bundeswehr).
La adopción del SAFE Regulation marca un punto de inflexión en la política económica y de seguridad de la Unión Europea. Frente a un entorno geopolítico incierto y crecientemente beligerante, Bruselas asume un rol de planificación estratégica en defensa, reorientando parte de su aparato económico hacia la producción armamentística. Aunque no se trata de una economía de guerra total, el SAFE representa un giro contundente: el retorno de la lógica bélica a la política industrial europea.
