Este espacio dio cuenta en febrero de la orden ejecutiva del presidente Trump que busca redefinir los términos para ser ciudadano estadounidense. La propuesta reinterpreta la decimocuarta enmienda constitucional de manera que la ciudadanía sea negada a las personas nacidas en territorio de Estados Unidos si son hijos de madres sin residencia legal. Firmada el 20 de enero, su aplicación ha sido impedida en todo el territorio por suspensiones universales dictadas por jueces de distrito de los estados de Washington, Maryland y Massachusetts quienes determinaron bloquearla al considerarla notoriamente inconstitucional.
Por la relevancia del tema, particularmente al tratarse de un país de inmigrantes, era previsible que fuera la Corte Suprema quien determinara la validez de la orden ejecutiva. Y, en efecto, el 13 de marzo la Fiscalía General federal solicitó la intervención del máximo tribunal.
Astutamente, la petición no demandaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva propiamente, sino del alcance de las suspensiones universales. La Fiscalía argumentó que ese tipo de resoluciones extralimitan las atribuciones de los jueces, pues únicamente deben aplicarse a los casos concretos sometidos a ellos, sin extender sus efectos a los demás afectados. Poco más de un mes después, el 17 de abril, la Corte anunció que celebraría una audiencia para escuchar los alegatos de las partes.
Dicha audiencia se celebró el 15 de mayo y en ella participaron John Sauer, fiscal General federal, Jeremy Feigenbaum, fiscal General de Nueva Jersey y Kelsey Cochran, representante de los demandantes privados. Sauer argumentó que la orden ejecutiva refleja el significado original de la decimocuarta enmienda cuyo propósito era el de ser aplicada únicamente a los descendientes de los exesclavos y no a cualquier persona nacida en territorio nacional. Luego procedió a descalificar las suspensiones universales considerándolas patológicas, pues impiden que los tribunales inferiores discutan cuestiones novedosas, obligándoles a actuar con excesiva prontitud y creando el riesgo de sentencias contradictorias. Feigenbaum, quien habló en nombre de los 22 gobiernos estatales que se opusieron a la orden ejecutiva, señaló que la suspensión universal del juez de Massachusetts representaba una solución para las entidades federativas, pues les permite reconocer la ciudadanía tanto por lugar de nacimiento como si después de nacer la persona cruzó los límites estatales. También mencionó que las cortes inferiores no necesitan discutir el derecho a la ciudadanía, pues es una cuestión claramente establecida desde hace más de un siglo. Cochran subrayó que los juzgados que emitieron las suspensiones universales coincidieron en que la orden ejecutiva es ilegal y advirtió sobre las consecuencias catastróficas si el Gobierno la llevaba a la práctica. Aun cuando la solicitud versa sobre la posibilidad de bloquear las suspensiones universales, no acerca de la constitucionalidad de la orden ejecutiva, las intervenciones de los Justices, conservadores y liberales, hicieron evidente la dificultad de separar ambas cuestiones. Se espera que la Corte emita una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en junio o julio. Mantengámonos pendientes.
