Algo se mueve en el caso Ayotzinapa, más allá de que los padres de los normalistas exijan un nuevo fiscal, porque Rosendo Gómez Piedra no les convence y, además, cometió la imprudencia de afirmar que la FGR está buscando cadáveres.
Un asunto de forma, por supuesto, pero que está atado a la serie de mentiras que les han dicho a los padres de los 43 estudiantes normalistas y a la promesa imposible de cumplir, de que los encontrarían vivos.
Hay que poner atención en tres cuestiones, la resolución de un tribunal que respalda la verdad histórica en tanto no se presenten pruebas que indiquen que no sucedió así, la exoneración de José Luis Abarca en lo que respecta a las desapariciones forzadas, y la detención de El Pajarraco, un sicario implicado en los hechos delictivos en Iguala y de sus derivaciones posteriores.

La brutal autocrítica del PAN
Lo primero era predecible, en tanto que todo sigue apuntando a que policías municipales secuestraron a los muchachos, para luego entregarlos a integrantes del grupo delictivo de los Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron sus restos en el vertedero de Cocula.
El tribunal colegiado señaló que para desacreditar la verdad histórica se tendría que encontrar a los normalistas en un lugar distinto al río San Juan.
De ahí que los empeños para tratar de sustentar una versión alternativa no dejan de ser conjeturas y algunas de ellas realmente temerarias, dignas del mejor de los libretos complotistas.
Lo segundo, la absolución de quien fue alcalde de Iguala, no se refiere a su culpabilidad o inocencia, sino al cúmulo de deficiencias y violaciones al debido proceso, cometidas por servidores públicos de la entonces PGR.
Iñaki Blanco, el exprocurador de Guerrero, ha señalado con claridad que no hay inocencia alguna y que más bien se trata de una falla de Estado.
Abarca, además, no saldrá de prisión, ya que tiene que cumplir una condena de 92 años por secuestro agravado y homicidio en contra de Arturo Hernández Cardona, y otra de 20 años por el asesinato del síndico Justino Carbajal Salgado, además de las causas que enfrenta por delitos contra la salud y lavado de dinero.
El Pajarraco, Juan Miguel “N” es, en respaldo a su apodo, un pájaro de cuenta. Ya había sido detenido en 2018, pero alcanzó su libertad, también, por cuestiones de forma y porque el fiscal de aquel periodo estaba obsesionado en proceder contra los que investigaron el caso, en lugar de sustentar las acusaciones contra los que participaron en la desaparición forzada de los 43.
Lo más interesante es que El Pajarraco sabe toda la historia. Desde 2018 se la narró a visitadores de la CNDH. Sus testimonios no abrirán nuevas líneas, pero afianzarán las que ya se conocen. El asunto es que interese que eso ocurra, porque afianza la verdad histórica y eso derrumba las pretensiones que tanto daño han hecho a la indagatoria.

